La guerra de la deuda

La guerra de la deuda es un episodio más de la confrontación entre los gobiernos central y andaluz. El lunes en La Moncloa, Rajoy y Griñán se prometieron lealtad dentro de la discrepancia, para fortalecer la imagen de España. Un brindis al sol. El resto de la semana, Gobierno y Junta han protagonizado una refriega, a pedrada limpia. Esta pelea doméstica se produce en las mismas fechas en las que se ha desvanecido el apoyo esperado del Banco Central Europeo. El presidente del BCE sostuvo ayer que esa ayuda se prestaría si previamente se pide un rescate. La ausencia de buenas noticias desde Fráncfort, con el consiguiente desplome de la Bolsa y escalada de la prima de riesgo, no favorece el escenario nacional: emitir deuda es todavía más difícil y más caro.

Aquí se repite el modelo, pero al revés. El Gobierno aspira a que la Unión Europea mutualice la deuda de los Estados con eurobonos, pero Alemania y otros socios comunitarios como Holanda y Finlandia se niegan. Por el contrario, en el interior de España el Gobierno niega a las regiones la mutualización de la deuda autonómica y la creación de hispabonos. Otro ejemplo es el Fondo de Liquidez creado por el Estado para facilitar el acceso a los mercados internacionales de las comunidades y abaratar su deuda. Montoro en España reclama a las autonomías lo mismo que Draghi o Merkel en Europa a los miembros del euro: que se pida el rescate y se ceda soberanía en las decisiones presupuestarias.

Este Fondo de Liquidez ha nacido con mal fario y eso es culpa de todos, incluidos los medios de comunicación. Es un instrumento para abaratar deuda y facilitar liquidez. Utilizarlo no debería ser sinónimo de bancarrota, ni ser considerado un rescate. Pero así ha sido, hasta el punto que a Murcia le dio vergüenza reconocer que lo iba a utilizar y a Valencia y Cataluña se les puso el sambenito de quiebra enseguida. Es muy posible que sus 18.000 millones se utilicen antes de final de año por todas las comunidades autónomas. Si Andalucía no se ha sumado todavía es porque desconoce el peaje que tendrá que pagar. Y la consejera Aguayo no se fía del ministro Montoro, con el que ha acabado llevándose peor que con su antecesora Salgado.

En esta etapa, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dejado de ser un órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las regiones, para pasar a ser un tribunal presupuestario en el que el Gobierno es juez y parte. Montoro acostumbra a dictar la lección a las comunidades autónomas como si fuesen pupilos y no instituciones con competencias constitucionales. Con todo decidido se convocó el martes un CPFF del que se ausentó Cataluña, aunque era la principal beneficiaria de la última carta que se ha sacado de la manga el ministro para ajustar la deuda autonómica. Tras el portazo de la consejera el mismo martes, el miércoles Rajoy y Griñán hablaron para intentar reconducir la situación. Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias suman un 41% de la población española.

Griñán entró el miércoles, cabe imaginar que antes de hablar con Rajoy, como elefante en cacharrería: dijo que la reducción de deuda a emitir en 2013 equivalía a cerrar 19 hospitales o la mitad de los colegios. Un golpe bajo. Ayer fue contestado oportunamente por el nuevo secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, quien le recordó que la financiación de sanidad, educación y servicios sociales en España está garantizado con el mismo nivel para todos los habitantes de este país, vivan donde vivan. Por cierto, por una ley del anterior Gobierno socialista. Y, ya que estaba, Sanz se sumó a la demagogia añadiendo que si la Junta no sabe cómo gestionar estos servicios que los devuelva al Estado.

Desde el Ministerio, un portavoz del secretario de Estado Beteta explicó a este diario algo que el ministro se ahorró en la rueda de prensa del CPFF: que la deuda nueva a emitir por todas las regiones era la misma y que las grandes diferencias entre unas comunidades y otras era debida a la refinanciación de la deuda acumulada. De hecho, el Gobierno ya viene desde que entró en funciones ayudando más a las regiones más endeudadas. En el primer trimestre de este año adelantó a Cataluña 1.805 millones de euros y a Valencia 718 millones, mientras que sólo mandó por este capítulo 229 millones a Andalucía.

Ahora Montoro establece una fórmula matemática en la que hay tres ingredientes: la deuda nueva a emitir, los vencimientos de deuda antigua y las devoluciones que hay que realizar al Estado de los adelantos excesivos de 2008 y 2009. El resultado es perverso: la comunidad más perjudicada con diferencia es Andalucía, que tendrá una reducción de su liquidez de 2.700 millones sobre los planes económicos financieros aprobados en mayo. Con los cambios, Cataluña y Valencia se podrán endeudar en 2013 en el 23% de su PIB, mientras Andalucía sólo podrá hacerlo en el 13%. La fórmula es arbitraria y discutible, como todas las fórmulas. Pero, además, Rajoy no informó a Griñán de este extremo en su cordial encuentro del lunes, lo que resulta sorprendente.

Obviamente, de llevarse a cabo esta medida Andalucía debería cerrar o reducir su aparato administrativo no funcionarial: empresas públicas, fundaciones y consorcios en los que tendría mucho margen, si no fuera porque ha decidido que es una "cuestión ideológica" el mantenimiento del empleo público, sea eficiente o no, tengan trabajo real o no sus trabajadores. No está bien que Griñán utilice como rehenes los servicios públicos fundamentales, cuya financiación está garantizada, para su pelea presupuestaria con el Gobierno. Tarde o temprano tendrá que desprenderse de empresas e instituciones que no aportan nada al bienestar de los andaluces. Aunque la consejera de Presidencia tenga razón cuando reprocha al Gobierno que castigue con la deuda a los que han hecho bien sus deberes.

La Junta se dispone a acudir a los tribunales de lo contencioso y al Constitucional. Expertos consultados descartan que pudiese hacerlo ante el Tribunal de la propia Unión Europea. Aunque sería interesante conocer el parecer de los jueces de Luxemburgo sobre esta guerra de la deuda. Lo peor no es el desacuerdo, sino la deslealtad. Disciplina en la que son maestros los dos grandes partidos. Para perjuicio del país.