La Fiscalía de Sevilla ha avalado, al no oponerse, la adhesión de 101 accionistas a la querella presentada por Inversión Corporativa (IC) –la empresa con laque los fundadores de Abengoa gobernaron la cotizada hasta 2015– contra el consejo de administración de la compañía sevillana fundada en 1941 que presidió Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz e integraron Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps, así como a que esa querella se amplíe con nuevos delitos e incluya como querellado a Christian Anders Digemose.

En un escueto escrito remitido a la titular del Juzgado número 8 de Instrucción de Sevilla, Reyes Flores Canales, que instruye las diligencias previas a las que ha dado lugar la querella, la fiscal de delitos económicos Verena García-Lomas Gago informa a la magistrada de que no se opone a la personación en la querella de 101 accionistas individuales que habían solicitado adherirse como perjudicados a la acción penal iniciada por IC.

La propia Fiscalía sevillana también había aportado a la causa las denuncias que había recibido de otros accionistas de diferentes puntos de España.

Además, el escrito de la fiscal también expresa que no se opone a la ampliación de la misma querella registrada por IC en julio.

La querella inicial ponía en cuestión la legalidad de la segunda reestructuración de Abengoa, ejecutada en 2019, y la ampliación de la querella extiende su denuncia también a la primera reestructuración, ejecutada en 2017. Los querellantes acusan al consejo de haber implementado “un plan preconcebido que dio comienzo ya en el año 2016”.

Esa ampliación puso en conocimiento de la juez hechos que serían constitutivos de un delito relativo al mercado por alteración y ocultación de información económica-financiera por el administrador de la sociedad mercantil cotizada, un delito de alteración del precio de valores cotizados, un delito de administración desleal y un delito societario de imposición de acuerdos lesivos para la sociedad y los socios minoritarios. Además, sostuvieron que existen sospechas fundadas de la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales y de un delito contra la Hacienda Pública.

El escrito de la fiscal insiste por ello en que el incremento del número de perjudicados avala que la causa se envíe a la Audiencia Nacional, por los mismos argumentos que ya expuso en julio en su anterior escrito. Éste señalaba que los hechos afectan a múltiples perjudicados de varias provincias y que además hay un delito relacionado con los mercados bursátiles cuya competencia para la investigación corresponde a la Audiencia Nacional.