El ex director de gestión de energía de Iberdrola Generación Ángel Chiarri, que ha declarado como acusado por la presunta manipulación del precio de la luz por parte de la compañía en 2013, ha negado de forma categórica "consigna o estrategia" alguna en ese sentido, y ha destacado que "es el mercado" el que puede hacer que la energía se encarezca.

Chiarri ha inaugurado este martes la primera sesión del juicio que ha comenzado en la Audiencia Nacional una vez resueltas las cuestiones previas, que se han limitado a la aportación de un documento sobre los planes semanales de la empresa en 2011.

El juzgado central de lo Penal trata de esclarecer si hubo un supuesto delito contra el mercado y los consumidores relacionado con el presunto encarecimiento artificial de la luz en el invierno de 2013.

La Fiscalía sostiene que Iberdrola Generación, "con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda".

A ello se ha referido Chiarri, que, a preguntas del Ministerio Público, ha negado reiteradamente que hubiera alguna "consigna o estrategia" para manipular el precio de la luz, cuya fijación depende de un sistema automático, "no una máquina sino un proceso que consiste en introducir una serie de datos", por lo que una empresa no tiene capacidad para alterar su resultado.

Del mismo modo, ha rechazado que Iberdrola Generación obtuviera lucro alguno de la situación de precios vivida entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, y es que, de hecho, la compañía perdió dinero al verse obligada a comprar energía "a precios caros" para abastecer a sus clientes, ha aseverado.

Situación de sequía

Chiarri, que en el turno de las defensas ha insistido en que no tuvo "ninguna interacción" en la formación de los precios, ha hablado de la sequía que afectaba a unos embalses cuyo estado a cierre de 2013 se había deteriorado a pesar de haber venido registrando unos niveles más elevados que en años anteriores.

En términos similares se ha expresado el que fuera responsable de optimización, gestión de recursos y trading, Gregorio Relaño, que ha afirmado que "jamás" ha oído que el consejo de administración dijera nada en relación a la oferta.

Relaño ha resaltado que la "realidad final" es que Iberdrola Generación, como empresa integrada, "compró más que vendió", de ahí que se viera perjudicada por el entorno de altos precios de la energía.

Sobre el resto del sector, ha asegurado que el comportamiento de la competencia "fue similar" pues "todos los operadores eran conscientes de la sequía".

Iberdrola rechaza las acusaciones

Fuentes de Iberdrola consultadas por EFE aseguran que el juicio se circunscribe a una cuestión técnica y no penal, y se remontan a la época de los hechos, un periodo "extraordinariamente seco" en el que Iberdrola "fijó un precio de la energía hidráulica 7 euros megavatio hora (MWh) por encima de lo que el regulador entendía que debía ser".

Ello provocó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriera a Iberdrola Generación un expediente administrativo y multara a la empresa con 25 millones de euros, aunque "en ningún caso consideró que aquella actuación era constitutiva de un ilícito penal", indican las fuentes.

De acuerdo con el texto la multa, que se encuentra recurrida, la CNMC no imputó a Iberdrola Generación "ser el causante de una hipotética artificial subida del precio desde los 50 euros/MWh que marcaba el mercado en noviembre de 2013 a los 80-90 euros/MWh que marcaba en las tres primeras semanas de diciembre".

Sí lo hizo, en cambio, "de aprovechar esa subida de precios para incrementar el precio de casación en 7 euros/MWh adicionales, lo que se produce por la retirada de la programación hidráulica".

Sin embargo, Relaño ha recalcado que si Iberdrola hubiese puesto los precios a los niveles máximos que la CNMC veía razonables, el panorama no hubiese cambiado ya que la compañía "no hubiera podido hacer tanta producción hidroeléctrica físicamente" y, además, habría habido que sustituir no sólo a los ciclos, también "al resto de agentes que se encontraban por encima de los 80 euros", lo que incluye a "competidores y otras tecnologías".

En la causa figuran como acusados otros miembros de Iberdrola Generación en el tiempo de los hechos, el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún, y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas.

Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España, y dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para las personas físicas involucradas en el caso.

En la causa se encuentra personada la organización de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular y solicita tres años de cárcel para los directivos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, equivalente al quíntuple de dicho beneficio.