Tres personas han muerto en el incendio de una sucursal bancaria que fue atacada con artefactos por manifestantes que participan en la huelga general convocada en Grecia contra la política de austeridad del Gobierno, según informó la Policía. El incendio dejó atrapadas a una veintena de personas en una oficina del Banco Marfin, en el centro de la capital griega.

Fuentes policiales indicaron que los bomberos acudieron a rescatar a los atrapados por el fuego, que se cree pudo ser provocado por un cóctel molotov, pero nada pudieron hacer por las tres víctimas mortales. Según las primeras versiones de los bomberos, se trata de dos mujeres y un hombre que trataron de escapar del fuego propagado en la planta baja del edificio, y subieron hasta el tercer piso, donde fallecieron asfixiados.

El centro de Atenas ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y manifestantes que participan en una huelga general y una masiva protesta contra el plan del Gobierno para reducir el gasto público y evitar la bancarrota del país. Los agentes antidisturbios han respondido con gases lacrimógenos y bombas de ruido a los ataques con piedras y botellas de grupos de encapuchados.

Pese a que la huelga general afecta también a la prensa, el canal de televisión local Ski mostró imágenes de la fachada de la filial bancaria, que quedó ennegrecida por el incendio. Durante las protestas se registró un número indeterminado de heridos, algunos por los efectos irritantes de los gases, y tuvieron que ser protegidos en las entradas de edificios residenciales.

En la prefectura de Atenas se declaró otro incendio durante los disturbios, que obligaron a los bomberos a efectuar numerosas salidas, mientras actuaban efectivos de las fuerzas de seguridad para tratar de controlar las violentas manifestaciones. Decenas de escaparates de tiendas, algunas que habían permanecido cerradas por la huelga, fueron destruidas por violentos, muchos de ellos equipados con máscaras antigás y cascos de motocicletas para no ser reconocidos. También fue incendiada la furgoneta del equipo de la cadena de televisión turca NTV, especializada en noticias.

Según medios locales, el ministerio de Orden Público declaró el estado de alerta para la metrópoli ateniense ante la gravedad de las protestas, que habían empezado pacíficamente a media mañana por las avenidas del centro. Los enfrentamientos se desataron ante el Parlamento, en la Plaza de Sindagma, cuando grupos de radicales comenzaron a tirar piedras, botellas, estanterías y trozos metálicos de verjas de un jardín contra unidades antidisturbios que vigilaban el edificio legislativo.

A primera hora de la tarde se registraron enfrentamientos limitados entre la policía y grupos de radicales en las calles de los entornos del Parlamento y el resto permanecía cerrado al tráfico por las autoridades. En el barrio turístico de Plaka la vida transcurría con cierta normalidad, con la presencia de numerosos turistas, pero pudieron verse también algunos peatones con ojos llorosos por los gases lacrimógenos. Hacia el mediodía, alrededor de unas cien mil personas, según fuentes sindicales, y unas 25.000, según un portavoz de la Policía, desfilaron por la Plaza de Síndagma con pancartas que exhibían lemas contra los organismos internacionales que han concedido ayuda financiera a Grecia.

La huelga general de este miércoles, convocada por los sindicatos mayoritarios y la cuarta en lo que va de año, ha paralizado la totalidad del tráfico aéreo, marítimo y ferroviario, aunque muchas tiendas del centro de la capital permanecieron abiertas. Funcionarios y empleados de diversos sectores privados participaron en las protestas, calificadas como las de mayor seguimiento en los últimos meses, gritando consignas hostiles a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estos dos organismos han otorgado a Grecia una ayuda de 110.000 millones de euros en préstamos para que el país heleno pueda pagar su elevada deuda, pero exigen a cambio la aplicación de severas medidas de austeridad, como la reducción de los sueldos de los funcionarios, un incremento de los impuestos y una flexibilización de la legislación laboral, incluidos más despidos.