La sevillana Laura López de la Cruz ha participado con otros dos colegas en un proyecto de investigación sobre las viviendas colaborativas (cohousing) europeas para mayores. Es codirectora de la Cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía El Roble de la Pablo de Olavide, universidad donde lleva casi 20 años, y vocal del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. Profesora acreditada titular de Derecho Civil especializada en Derecho de familia y Derecho patrimonial, su maestra fue Rosario Valpuesta.

-Cuéntenos su experiencia en Suecia con las viviendas colaborativas (cohousing) para mayores y sus beneficios.

-Como parte de nuestro proyecto de investigación sobre viviendas colaborativas financiadas con dinero público, visitamos varios cohousing y estuvimos alojados en Dunderbaken, en Estocolmo. Son varios edificios públicos que la Administración local cede a una cooperativa que gestiona el alquiler de las viviendas. Los beneficiarios son socios de la cooperativa. Los mayores hacen una vida muy comunitaria y, sobre todo, al asumir las responsabilidades de organización, se sienten útiles. La actividad principal es la cena, que se desarrolla en un comedor principal. Ellos mismos se organizan por grupos para la compra de los alimentos, organizar los distintos menús y cocinar por turnos semanales. Ése es el mejor momento del día para ellos, porque saben que no están solos. El valor está en la participación y en sentirse parte de un proyecto común.

"En España hace falta voluntad política y reformas legales, como sucedió en Dinamarca o Suecia"

--¿Qué perfil de persona elige esta opción?

-Personas mayores e independientes, que tienen muchísimo que aportar a la sociedad. No se les puede dejar de lado. Para potenciar el envejecimiento activo un elemento clave es dar al mayor participación y voz. Estas personas están demandando autogestionarse en su vida personal y en relación a sus propias viviendas; quieren vivir con quien ellos eligen, en comunidades, acompañados porque la soledad es el mayor problema al que se enfrentan. Que la sociedad les escuche y que los poderes públicos les apoyen.

-¿En qué situación estamos en España?

-Estamos en los inicios del cohousing. Otros países de Europa nos llevan 40 años de ventaja. En Suecia surgió en los años 60, como una alternativa para las familias con hijos que deseaban un estilo de vida más comunitario que permitiese a la mujer compaginar su vida familiar y profesional. En los años 90 empezaron a proliferar los cohousing sénior, con el objeto de mitigar la soledad que afecta a muchos mayores.

-En España, el problema para que se promuevan iniciativas públicas de este tipo es la normativa.

-No sólo. Primero hace falta voluntad política. También habrá que hacer reformas legales, como sucedió en Dinamarca, Suecia, Holanda o Alemania. Hay que eliminar trabas como las listas de espera en función de la renta, pues cuando hablamos de cohousing hacemos referencia a una comunidad intencional, en la que funcionan otro tipo de parámetros más allá de los recursos económicos. Es un deber social cuidar de los mayores, de todos, como sucede con los menores, no por su nivel de renta. En algunas normativas comunitarias se exige que los mayores se desprendan de sus viviendas para ingresar en el cohousing, lo que también resulta costoso para ellos, desde el momento en que la cultura del patrimonio está muy arraigada en nuestra sociedad, y en especial en los mayores, quienes a estas edades piensan en la herencia que dejarán a sus hijos. No se puede pedir a estas personas que renuncien a todo y prueben a vivir en un cohousing, porque siempre se corre el riesgo de no adaptarse y querer volver a casa.

-Para que la renta mensual del cohousing sea asequible, la Administración debe involucrarse.

--Claro, la clave es que la Administración se involucre, que las empresas públicas de vivienda se comprometan con estos proyectos alquilando un edificio a una cooperativa o a una asociación. Y los mayores entran a formar parte de la cooperativa como socios. Tendrían un derecho de uso vitalicio sobre la vivienda y todas las zonas comunes, a modo de arrendamiento, porque pagan una renta. En Suecia, en los cohousing financiados por la Administración, los socios pagan entre 600 y 800 euros en función del tamaño de los apartamentos.

-El cambio de las estructuras familiares obliga a pensar en opciones para los mayores autosuficientes

-Las estructuras familiares cada vez se están desintegrando más. De cada de cada 100 matrimonios, 60 se divorcian en nuestro país, los hijos se marchan a estudiar fuera y muchas parejas no tienen descendencia. La familia no va a ser el ámbito natural de cuidado de los mayores. Pero el mayor problema para los mayores que están bien de salud y son autosuficientes es que viven solos y se sienten solos. Ese es un problema que hay que atajar. La sociedad tiene que estar preparada porque los mayores de 80 años se multiplicarán por cuatro en 2050 y el Estado social no puede desatenderlos.

-¿Qué opina de las residencias de mayores?

-Las residencias de mayores cumplen un papel fundamental: responden a una necesidad social. Deben seguir existiendo y mejorándose. El cohousing no viene a sustituirlas. Son opciones distintas para estilos de vida distintos y para personas con necesidades diferentes.