Un conflicto de intereses aleja a Carlos Lasarte del Consejo de Consumidores y Usuarios

Nombramientos

Sanidad suspende definitivamente el nombramiento del licenciado en Derecho por la Hispalense, sólo horas después de hacerse efectivo porque no cumple todos los requisitos necesarios para el cargo

Carlos Lasarte y la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. / EP

Madrid/Sevilla/El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha suspendido con carácter definitivo el nombramiento del licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense Carlos Lasarte al frente del Consejo de Consumidores y Usuarios, al no cumplir todos los requisitos tras detectarse un conflicto de interés.

El propio Ministerio había anunciado horas antes este nombramiento, que se produce a propuesta de la propia ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.

En un breve mensaje lanzado poco después, Sanidad ha indicado que el nombramiento ha sido suspendido de manera definitiva y ha explicado que Lasarte no cumple todos los requisitos para el cargo "tras detectarse un conflicto de interés".

Según ha denunciado la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), tan solo unas horas después de ser nombrado como presidente del Consejo, se ha publicado su designación e incorporación a un despacho de abogados como director de un supuesto área de protección de los consumidores.

En concreto, se incorpora como director del departamento de protección de consumidores y usuarios del despacho Martínez-Echevarría Abogados en Madrid.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Lasarte ostenta desde 1992 la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad Nacional a Distancia (UNED). También ha sido catedrático y secretario general de la Universidad de Sevilla, así como vocal de la Comisión Gestora encargada de la instauración de la Universidad Carlos III de Madrid.

El Consejo de Consumidores y Usuarios es el órgano de representación y consulta de ámbito nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios con implantación estatal. Ostentará la representación institucional de las organizaciones de consumidores y usuarios ante la Administración General del Estado.

Está integrado por nueve asociaciones de ámbito supraautonómico, seleccionadas según criterios establecidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.