Una veintena de leyes aguardan en el Congreso su aprobación definitiva, pero el adelanto electoral y la disolución de las Cortes a finales de septiembre dejará a muchas de ellas en el tintero por falta material de tiempo para culminar su tramitación.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró en su comparecencia del viernes que aún dará tiempo a aprobar varias normas de las que ya están en trámite y que considera esenciales para acabar con su programa de reformas.

Pero, además, el Ejecutivo va a incorporar otra nueva, en forma de decreto-ley, con medidas económicas, que se aprobará el 19 de agosto y que el Congreso de los Diputados tendrá que convalidar en septiembre.

De las que están en tramitación y Zapatero prevé aprobar figura la reforma de la negociación colectiva, la ley de agilización procesal, la reforma de la Ley Concursal y dos de tipo social: la ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la ley de integración de trabajadores agrarios en el régimen general de la Seguridad Social.

Aunque pueden ir a la papelera muchos proyectos, la mitad de los que están en trámite podrían aprobarse en comisión, porque tienen competencia legislativa plena (no necesitan ser discutidos en el pleno) y otros siguen el procedimiento de urgencia.

En el paquete de leyes pendientes figuran como urgentes la reforma de la inspección de trabajo, la ley que regulará los servicios de atención al cliente para consumidores, la ley que modifica el mercado de valores y otra que cambia las entidades de inversión colectiva.

Igualmente se tratarán con urgencia dos normas que afectan al sector energético.

Por un lado, la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, que obligará a las compañías a desglosar todos los costes en las facturas y a disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente, y que además adapta el concepto comunitario de "consumidor vulnerable" para asimilarlo al "bono social" existente en España.

Además está la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que también abre la puerta al bono social para el gas -ya que introduce la figura de cliente vulnerable de gas-, refuerza la independencia de los gestores de la red de transporte y de la CNE y detalla un catálogo con derechos de los consumidores.

También quedan pendientes la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, más conocida como Ley de Muerte Digna y otras de carácter social a las que el Gobierno ha dado relevancia en los últimos meses, como el de la igualdad de trato y la no discriminación. O el proyecto de Ley de Servicios Funerarios, un texto que pretende simplificar y abaratar los trámites que se producen tras un fallecimiento.

Incluso hay textos que esperan su tramitación desde 2009, uno de ellos procedente de la anterior legislatura, aunque el Gobierno socialista lo volvió a remitir a las Cortes: el proyecto de Ley General de Navegación Marítima. Esta norma, a la vista de las continuas ampliaciones de plazos de enmiendas que sigue registrando, y ante la urgencia que requieren otros proyectoslegislativos, tiene todos los visos de quedarse sin aprobar también en esta legislatura.