Uno de los bienes que podría embargar la Justicia a Iñaki Urdangarín por el caso Nóos, si el juez accede a fijar la fianza civil de casi 8,2 millones de euros que pide la Fiscalía, es la empresa Aizoon, que poseen a medias el duque de Palma y la infanta Cristina. La Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido una fianza civil de 8.189.448 euros para Urdangarín y su ex socio Diego Torres, considera que ambos llevaron a cabo una "actividad delictiva premeditada" para apropiarse de fondos públicos y que procede decretar la responsabilidad civil directa del Instituto Nóos y de diez empresas porque se beneficiaron del fraude que se investiga.

Entre dichas empresas figura Aizoon SL, la inmobiliaria con la que los duques de Palma gestionaban su patrimonio personal, según se recoge en el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción al juez en el que solicita la referida fianza civil. La Fiscalía considera que el Instituto Nóos desvió las cantidades que recibió mediante convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007 hacia estas sociedades a través de "facturas simuladas", por lo que pide al juez que acuerde el embargo de los bienes de esas entidades mercantiles hasta alcanzar la cantidad reclamada como fianza.

En el escrito registrado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el fiscal Pedro Horrach explica que la responsabilidad civil directa de las empresas deriva del artículo 120 del Código Penal, que determina la restitución del lucro obtenido mediante un delito o falta o resarcimiento del daño. La Fiscalía Anticorrupción argumenta que el Instituto Nóos fue creado como asociación sin ánimo de lucro con el propósito de "dar cobertura" al acceso a fondos públicos, eludiendo así los controles que serían aplicables a entidades mercantiles. En cuanto a los gestores públicos de la Comunidad Valenciana y Baleares que contrataron con Urdangarín y Torres para la organización de los eventos Illes Balears Forum y Valencia Summit, el fiscal afirma que adoptaron "decisiones administrativas arbitrarias e injustas" para beneficiar al yerno del Rey y a su ex socio.

El juez José Castro ha dado 20 días a Urdangarín y Torres para que sus abogados presenten alegaciones a la petición de fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago. Su objetivo es garantizar que los imputados abonen el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio. Posteriormente, el juez Castro deberá decidir si acepta la fianza civil solicitada tanto por la Fiscalía como por la acusación popular, representada por Manos Limpias, o la rebaja a un montante que podría rondar entre los 5 y 6 millones de euros, según las fuentes jurídicas