NO querían votar, no querían presentar ante la opinión pública la imagen de una Sala Penal dividida ante un caso absolutamente politizado, lo que abundaría aún más en la idea generalizada de que la Justicia española no es fiable por su profunda politización.

Magistrados de uno y otro signo -porque a su pesar hay signos, tendencias, etiquetas- coinciden en su análisis de lo sucedido el pasado miércoles, cuando el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional zanjó la polémica con una solución inesperada: no se entraba en el debate sobre si se trataba de colaboración con banda armada o revelación de secretos, y se pedía al juez instructor Pablo Ruz que profundizara en la aportación de nuevas pruebas. El caso Faisán se mantenía mientras tanto en la Audiencia Nacional, lo que significaba que no se descartaba la posibilidad de que los tres implicados -que dejaron de ser procesados para ser sólo imputados- pudieran haber incurrido en un delito de colaboración con banda armada.

Al iniciarse la reunión del pleno convocado por el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, tras las primeras intervenciones se vio que más de la mitad de los magistrados pensaban que los indicios eran suficientes para avalar el procesamiento de los implicados. Sin embargo, sólo con indicios no se puede iniciar un juicio o una vista, es necesario aportar pruebas. Las recogidas durante la instrucción del juez Pablo Ruz eran contundentes, las grabaciones al propietario del bar Faisán, Joseba Elosúa, demostraban que se había producido un aviso de que los etarras con los que se iba a poner en contacto para hacerles entrega del llamado impuesto revolucionario iban a ser detenidos en el momento mismo en el que les diera el dinero; por otra parte, el comentario de Elosúa a su cuñado, en el que decía sentirse alucinado porque "la pasma" le había avisado para que no hiciera la entrega era revelador. Pero existían varios motivos para que los magistrados se movieran con cautela.

El "tráfico de llamadas" -como se denominó a las muchas que se realizaron esos días- entre los mandos policiales y los responsables de Interior podían considerarse "normales" en una operación antiterrorista de esas características, sin que ese "tráfico" supusiera que se estuviera cometiendo una ilegalidad. En segundo lugar, y más importante, algunas de las conversaciones fueron grabadas a través de balizas instaladas en el automóvil de Elosúa, y si bien no existe una ley que determine la ilegalidad de ese método de aportación de pruebas, tampoco existe una ley que determine que sea legal colocar una baliza en el automóvil de un sospechoso. Por tanto, existían temores fundados de que un buen abogado defensor llevara al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo la presunta ilegalidad de esas grabaciones, que por otra parte eran la principal prueba aportada que demostraría el chivatazo. Esa fue una de las razones más importantes que aconsejaron reenviar el caso al juez instructor para que aportara nuevas pruebas.

Comentarios a posteriori de algunos de los magistrados pertenecientes a la Sala que acudieron a la reunión plenaria aseguran que la instrucción de Pablo Ruz era impecable, que el juez Gómez Bermúdez la había estudiado y analizado tan exhaustivamente que había encontrado algún fleco suelto como ocurre con cualquier instrucción por muy sólida que sea, y que ante la repercusión política y mediática del caso la decisión de que Ruz continuara trabajando en ella pareció a todos -de ahí la unanimidad- la más aconsejable.

Entre esos comentarios hay uno especialmente singular: Rubalcaba, primero como ministro y después como candidato, ha insistido en que la actuación policial fue correcta e incuestionable y lo prueba en que apenas un mes después del supuesto chivatazo fueron detenidos los terroristas que formaban parte del entramado que se ocupaba del cobro del impuesto.

Sin embargo, independientemente de que no se encuentra en la misma situación judicial el terrorista detenido "con las manos en la masa" que el detenido como presunto miembro de una banda armada, ese día se iba a proceder a la detención de Gorka Aguirre, destacado militante del PNV -ya fallecido- que jugó un papel importante en las negociaciones con ETA a lo largo de la historia y que en más de una ocasión "negoció" con Elosúa la rebaja del impuesto exigido por ETA.

Coincidía con el chivatazo a Elosúa, y se recuerda constantemente, un encuentro en Moncloa de Rodríguez Zapatero con el entonces presidente del PNV Josu Jon Imaz. La detención de Aguirre habría puesto en pie de guerra política contra el Gobierno al PNV, que era fundamental para que Zapatero sacase adelante los Presupuestos.

El caso no está cerrado aunque ya no podrá ser utilizado en la campaña, que era lo que temía el PSOE. Pero eso no significa que en el futuro pueda suponer un golpe definitivo a Rubalcaba y a algunos de sus colaboradores: del trabajo del juez Ruz depende que el asunto ponga a la antigua cúpula de Interior contra las cuerdas. Si no encuentra pruebas acusatorias contundentes, Rubalcaba y Camacho tendrán argumentos para acusar al PP de atentar contra su honor.