El Supremo juzgará a Ábalos y Koldo desde el 7 de abril por el caso mascarillas

El Tribunal Supremo ha acordado juzgar al ex ministro Jose Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García tras rechazar las alegaciones de sus defensas para que la causa de las mascarillas se remitiera a la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal ha fijado para el próximo 7 de abril el comienzo de la vista oral.

Asimismo, ha citado como testigos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Así consta en un auto, que responde a las peticiones realizadas por Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde noviembre, en la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero, cuando sus defensas reclamaron que el Supremo no era competente y que la causa siguiera investigándose en la Audiencia Nacional, al perder el exministro el aforamiento tras renunciar al acta de diputado.

La Fiscalía pide 24 años para el ex ministro y 19 y medio para su ex asesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicitan 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos. Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por riesgo "extremo" de fuga.

Según las fuentes, lo previsible es que la vista oral se demore de seis a ocho semanas debido al elevado número de testigos y pruebas a practicar.

En la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero, la defensa de Koldo García cuestionó que el Supremo fuera competente para juzgar estos hechos, al considerar que la causa debería trasladarse a la Audiencia Nacional tras renunciar el exministro a su escaño en el Congreso, una petición a la que se adhirió la defensa de Ábalos.

Y, además, solicitó que consultase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia para juzgar la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas en plena pandemia.

En caso de que el tribunal rechazase esta petición, como así ha ocurrido, advirtió de que acudirá en amparo al Tribunal Constitucional, pondrá una queja a la Comisión Europea y abrirá la puerta, incluso, a un procedimiento de sanción contra España.