En la segunda sesión de los encuentros ‘Campus Media’, organizados por la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) y la Facultad de Derecho, María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, respondió en su ponencia a los siguientes interrogantes: ‘Mapa jurídico del género: ¿dónde estamos? ¿hacia dónde vamos?’.

Acale partió de la Constitución de 1978, aprobada por consenso, en cuyo texto se incorporó el principio de igualdad formal recogida en el artículo 14 y la prohibición de discriminación. La experta realizó un somero repaso por las leyes aprobadas en pro de la igualdad, como la Ley Orgánica 1/2004; la posterior encaminada a evitar la no discriminación en el ámbito laboral en el marco de la  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, proscribiendo el acoso sexual y el acoso sexista; el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos mediante la interrupción voluntaria del embarazo a través de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo; el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre que garantizar la igualdad retributiva en el ámbito laboral, y la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual. También mencionó las asignaturas pendientes como la ley trans y la ley que aspira a abolir la prostitución, “temas que han abierto una zanja de enormes dimensiones dentro del movimiento feminista”, apuntó.

Otra de las leyes mencionadas por la catedrática fue la Ley orgánica del Poder Judicial a través de la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género que perseguía garantizar que jueces y tribunales conocieran el grueso del arsenal antidiscriminación y que, además, “eran capaces de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias como para atinar a aplicarlos correctamente a los casos concretos”. No obstante, “por esta doble vía se ha pretendido incidir sobre el derecho y sobre quienes están llamados a aplicarlo, aunque ni una ni otra parece haber contribuido a garantizar la seguridad de los derechos”, afirmó.

La polémica sobre la conocida Ley del ‘Solo sí es sí’ fue la que dejó muchos flecos por cortar, ya que, más allá de llamar a la calma, y defender que no es necesaria su modificación, María Acale se abstuvo de hacer una afirmación categórica sobre quiénes son los responsables de las penas atenuadas. Según Alcale, “evitar esta situación todavía es posible si se sientan hablar Fiscalía, el Consejo de Poder Judicial e Instituciones Penitenciarias para ver hasta dónde es posible, dentro de la misma ley, encontrar instrumentos suficientes para evitar que sigan produciéndose reducciones de condenas o para reducir el número de condenas que deben ser reducidas de acuerdo con esta ley”. Roxana Sáez, presidenta de la APJ, fue la primera en preguntar por la posible solución, a lo que Acale respondió que "la solución no está en otra ley sino en la misma ley". 

Concluyó con una famosa cita de Simone de Beauvoir: “Basta una nueva crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”.