Acoje, en representación de sus asociados del sector de la hostelería, está participando en la reuniones técnicas con el Ayuntamiento en relación a la adaptación de la normativa de veladores a la nueva legislación andaluza, para lo cual hay un plazo total de unos 18 meses.

Acoje entiende que “el trabajo conjunto para llegar a una solución consensuada entre los diversos agentes intervinientes y la propia normativa es de vital importancia, y la actitud y predisposición de todos va en este camino”.

Señala que una de las novedades y puntos más relevantes y que da lugar a diferentes interpretaciones es la obligatoriedad de presentar un ‘Estudio acústico teórico’, tanto para las nuevas autorizaciones como para las renovaciones. “Un punto que no está totalmente claro ni en la forma ni en el fondo, por lo que causa una tremenda confusión e incertidumbre y está frenando la tramitación de los expedientes solicitados para 2019”, señala Acoje.

Es por eso que desde Acoje se ha presentado esta semana un escrito solicitando la “suspensión de la obligación de presentación del ‘Estudio acústico teórico’ en las solicitudes de Licencia de OVPV del año 2019, tanto para nueva autorización como para las renovaciones. Esta medida se encuentra ampara por el plazo establecido en el Decreto 155/2018 que establece la adaptación en los 18 meses siguientes a su entrada en vigor”, señala Acoje.

Además, “con la finalidad de crear un marco jurídico pacifico y sin interpretaciones que dieran lugar a confusión por todos los agentes intervinientes, en la correspondiente Ordenanza Reguladora de Veladores deberá contemplarse la obligatoriedad o no del mencionado ‘Estudio acústico teórico’ estableciéndose si se exige un horario concreto de apertura que lo haga necesario, así como el criterio Técnico al que han de someterse estos, con la salvedad de contemplar el actual Mapa de Ruidos de la Ciudad y los niveles de emisión en él contemplados, en especial el del tráfico rodado”, señala Acoje.

“Entendemos que hasta que no estén claros al cien por cien los requisitos y formas en que sería necesario realizar el citado estudio, y no esté claramente contemplado en las Ordenanzas Municipales, no se debería exigir su presentación”.