Anticorrupción advierte de que la venta de activos sería delito de alzamiento de bienes

La Fiscalía Anticorrupción advirtió ayer de que la venta de activos de Nueva Rumasa por parte del nuevo propietario, el empresario experto en quiebras Ángel de Cabo, podría suponer un delito de alzamiento de bienes. El delito se produciría en caso de que los nuevos dueños se apropiaran del dinero resultante de la venta de activos de cualquiera de las sociedades vinculadas a Nueva Rumasa y no lo destinaran al pago de la deuda de más de 1.500 millones de euros.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que, por el momento, desconocen el contenido del acuerdo de compraventa, anunciado el pasado viernes por la familia Ruiz-Mateos y Back in Business, si bien apuntaron que dicho acuerdo tendrá su relevancia dentro de la investigación que tramita el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por presunta estafa e insolvencia punible contra Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones.

Por otra parte, el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, dijo ayer que "muchas de las empresas de Nueva Rumasa son rentables" y reiteró que el Gobierno andaluz apostará por el mantenimiento del empleo

En declaraciones a los periodistas, el consejero indicó que el objetivo de la Junta "siempre es el mantenimiento del empleo, del máximo posible", al tiempo que precisó que, en este caso, "muchas de las inversiones que había efectuado este grupo tienen oportunidades de mercado y son rentables, por lo que se ha apoyado siempre a muchas de las empresas que conforman este grupo".