El Ayuntamiento ya ha iniciado la licitación para volver a encargar a una empresa que se encargue de las inspecciones de fraudes al Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Esta contratación externa ya se puso en práctica en 2017 incrementándose entonces los cobros por este tributo.

En la memoria justificativa de esta licitación, el Ayuntamiento alega que la Inspección de Tributos de la Delegación de Economía “no dispone de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar las actividades del contrato que se promueve”.

Así, se justifica que “la necesidad constante de verificar la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas y, no menos importante, descubrir los supuestos de hecho susceptibles de tributar no declarados, cuya omisión incide de forma desfavorable en la recaudación del citado impuesto como recurso propio del municipio, […] pone de manifiesto que no es posible gestionar ni organizar todo el trabajo diario de la unidad con los medios disponibles”.

Según se recoge en el pliego de condiciones, los procedimientos en los que la empresa que se contrate trabajará será en la “colaboración y asistencia” de los procedimientos de inspección de tributos y sancionadores, la resolución de recursos y el asesoramiento para la defensa jurídica ante los tribunales.

El contrato se firmará por un periodo de dos años y sus actuaciones se iniciarían en enero del año próximo. La empresa que gane el concurso se podría llevar hasta un máximo del 16% de lo que obtenga el Ayuntamiento por los expedientes que inicie y concluya con éxito. Según el pliego de condiciones, la anterior externalización de este servicio supuso unos ingresos anuales extras por este impuesto de unos 1,7 millones de euros.

El pasado año, el Ayuntamiento percibió en concepto de Impuesto de Actividades Económicas unos 9,1 millones de euros. Para este ejercicio, según el avance de la ejecución presupuestaria de este año, ha obtenido unos derechos reconocidos de 9,6 millones.