El Ayuntamiento jerezano continuará teniendo externalizada su asesoría jurídica hasta, al menos, 2025. En estos días se ha iniciado el proceso de licitación de este servicio que desde 2017 ha sido llevado por un bufete de abogados de Sevilla dirigido por Ernesto Sanguino. El vigente contrato, tras una prórroga aprobada en abril, concluye el próximo mes de abril por lo que el gobierno municipal ha decidido volver a sacarlo a concurso.

En el expediente de contratación se apunta que se vuelve a contratar la asesoría jurídica por dos motivos. Por un lado, se insiste en la falta de funcionarios con la titulación en Derecho dentro de la plantilla municipal. Y por otro, se apunta que esta contratación es más barata que tener en nómina a seis abogados, tal y como se detalla en la memoria justificativa de este proceso de licitación.

Los bufetes que traten de optar a la prestación de este servicio deberán hacer una oferta económica mínima de 404.835 euros por los tres años de contrato que se le ofrecen, aunque se contempla la posibilidad de prorrogar el acuerdo hasta un máximo de dos años. En la valoración se puntuará no solo la propuesta económica sino también las mejoras que se hagan en la propuesta de la prestación, así como el currículum de los integrantes del equipo jurídico.

El Ayuntamiento tiene externalizada su asesoría jurídica desde 2017, una decisión que se justificó en la falta de abogados con la categoría de funcionarios en la plantilla municipal. Desde entonces, el ejecutivo ha aprobado varias ofertas de empleo público y solamente en una de ellas ha convocado plazas para licenciados en Derecho. Fue en la de 2019 donde reservó seis plazas de funcionario para esta titulación, un procedimiento selectivo que se convocó a mediados del pasado año y que tiene pendiente la publicación de la lista de admitidos, así como de la fijación de la fecha de celebración de las pruebas.

Por otro lado, se justifica esta decisión en que la contratación externa resulta “más eficiente económica, eficiente y sostenible financieramente” dado que un ayuntamiento como el de Jerez necesita de “un número de letrados superior a seis”. De este modo, aplicando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, cada una de estas plazas tendría un coste anual de unos 56.000 euros aproximadamente (gastos sociales incluidos), según se apunta en el informe.

El Ayuntamiento tiene que hacer frente al año una media de unos 417 procedimientos judiciales. Más de la mitad de ellos se tramitan en la jurisdicción contenciosa, aunque los casos en la vía social casi alcanzaron el centenar el año pasado.