Como era previsible, el pleno dio su visto bueno a que el Ayuntamiento se acoja a una nueva línea de crédito habilitada por el Ministerio de Hacienda a las entidades locales con problemas financieros. Y con la de ayer es el decimotercer rescate al que se acoge el Consistorio jerezano desde 2012, el séptimo en el presente mandato, con un importe que supera los 586 millones de euros. El importe aprobado ayer asciende a 22,9 millones para liquidar facturas con proveedores que recurrieron a la vía judicial para intentar cobrar (algunos de ellos tienen sentencias favorables) y para atender créditos suscritos tanto por el Ayuntamiento como por la empresa municipal Emuvijesa. La propuesta salió adelante con los votos favorables del PSOE, Ganemos y Ciudadanos; PP e IU se abstuvieron.

El delegado de Economía, Santiago Galván, justificó la necesidad de acogerse a esta línea de crédito ante la imposibilidad de recurrir a otras vías de financiación y ante la previsible "firmeza" de las sentencias que condenan al Ayuntamiento a pagar estas empresas. Ahora bien, aprovechó su intervención para volver a cuestionar la gestión económica del anterior gobierno del PP ya que aseguró que "más de un 90'% de las facturas" que se liquidarán con este crédito proceden del pasado mandato, especialmente las de la empresa Urbaser, que gestiona el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria (unos siete millones), a la suministradora eléctrica Endesa (5,3 millones) y a las cuotas del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía (3,5 millones).

Por contra, el edil del PP Jaime Espinar le reprochó al ejecutivo local que lleve "más de 200 millones" de euros pedidos en líneas de crédito al Ministerio de Hacienda cuando antes criticaba este tipo de medidas. Así le espetó a alcaldesa, Mamen Sánchez: "Antes decía que el fondo de ordenación era la trampa de [Cristóbal] Montoro; pues ahora ya solo le ha faltado tomarse una cerveza con él". Y negó que las obligaciones pendientes de pago estén vinculadas al gobierno de su partido señalando que son sentencias de procesos judiciales iniciados durante el periodo socialista.

Por su parte, la concejala de Ganemos Maribel Ripalda pidió una reflexión al resto de formaciones al considerar que las empresas concesionarias tienen una "doble financiación" al prestar servicios públicos. Así, por un lado aludió a la cuantía que reciben por el trabajo que realizan y, por otro, a los ingresos que obtiene en concepto de intereses de demora por la tardanza en cobrar. "Nos tenemos que sentarnos y acabar con esta segunda línea de negocio", dijo.

Carlos Pérez, en representación de Ciudadanos, dijo que este nuevo préstamo supone "medicina para un ayuntamiento enfermo por mala gestión durante la última década". Ahora bien, alertó de que el plan de ajuste, cuyas previsiones económicas se han tenido que actualizar para acogerse a este préstamo aunque no se incluyen nuevas medidas, sigue reclamando reducciones del 5% en los capítulos de gastos vinculados a personal y bienes y servicios.

Finalmente, Raúl Ruiz-Berdejo (IU) calificó esta medida de "analgésica" ya que "no ataca a la enfermedad". "Hay que ir al corazón del problema para acabar con la sangría de este ayuntamiento" sentenció. Por ello, demandó que el ejecutivo se siente con el Ministerio de Hacienda para concretar "mediadas excepcionales" para hacer frente a la abultada deuda ya que "el problema es estructural".

Con esta operación, y tal y como se recoge en un informe de Intervención Municipal, el Ayuntamiento jerezano seguirá incrementando el año próximo su deuda viva -es la que se tiene con las entidades bancarias-. Sumándole esta operación, el importe total que el Ayuntamiento y el grupo de empresas y fundaciones municipales adeudarán será de 762 millones.