A pesar de que en un inicio anunció que rehusaba a esta posibilidad, el gobierno municipal ha recurrido finalmente ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que ratificó a Antonio Saldaña como portavoz del grupo municipal del PP. Aunque el recurso se presentó en julio, fue el pasado martes cuando la formación popular hizo pública que el ejecutivo ha realizado este trámite; y este miércoles lo ha confirmado el gobierno.

La controversia judicial se inició en el mes de junio del año pasado cuando el gobierno municipal no autorizó que Antonio Saldaña fuera nombrado portavoz municipal del PP alegando que la designación no contaba con el respaldo de todos los concejales de su grupo. El que había ocupado su puesto hasta ese momento, Antonio Montero, se negó a firmar la propuesta al considerarse perjudicado por la decisión adoptada por su partido de que Saldaña dejara de ser portavoz en la Diputación Provincial tras haber sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Desde entonces, Montero, que sigue siendo concejal, está desvinculado de la actividad de su grupo municipal.

El PP recurrió la decisión ante el Juzgado de lo Contencioso, que le dio la razón. Meses después, el alto tribunal andaluz ratificó el fallo, un pronunciamiento que fue dado a conocer de manera inusual por el propio gobierno que en un comunicado emitido a principios de junio anunciaba que no pensaba recurrir y anunció que promovería una modificación del Reglamento Orgánico Municipal para aclarar el procedimiento.

Sin embargo, un mes después, decidió presentar el recurso. En un comunicado, el concejal del PP Jaime Espinar criticó este cambio de postura asegurando que es una muestra del “empecinamiento, la obsesión y la persecución política de Mamen Sánchez” hacia Saldaña. Por ello, afirmó que se está promoviendo un “acoso” contra este edil que, asegura, se está produciendo “desde el comienzo de este mandato corporativo y que, con dinero público, sólo busca la discriminación política al Partido Popular y al propio Antonio Saldaña aunque sea saltándose las leyes y la Constitución”.

Espinar le reprochó además al gobierno que haya adoptado esta decisión y que los costes vayan a ser asumidos por el Ayuntamiento. “Si Mamen Sánchez quiere recurrir, que recurra, pero que lo pague de su bolsillo”, dijo.

Tras estas afirmaciones, la delegada de Economía y primera teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, defendió la decisión adoptada por el gobierno incidiendo en que está en su “derecho” de hacerlo. Ahora bien, aprovechó para cargar contra Saldaña al que acusó de presentarse “como víctima” cuando, a su entender, este papel es del gobierno.

De hecho, hizo esta comparación: “Es como el maltratador que se muestra como víctima; pero si hay una víctima es el gobierno municipal porque es el PP el que está judicializando la vida política de la ciudad”. Así, le reprochó que haya presentado cuatro demandas en el Juzgado, de las que ha perdido tres, y que haya presentado “muchas denuncias en Fiscalía” que “han sido todas archivadas".

Así, justificó el cambio de criterios aludiendo que la administración local “defiende sus intereses” y calificó de “patraña” la exigencia del PP de que sea la alcaldesa quien pague los costes del procedimiento judicial.