Andalucía tendrá la posibilidad de subsanar la exclusión de sectores estratégicos como el vino de las ayudas directas por importe de 7.000 millones de euros para pymes y autónomos afectados por la crisis sanitaria. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación del decreto ley por la que se amplía el margen de maniobra de las comunidades autónomas a la hora de distribuir estas ayudas que en el caso de Andalucía, segunda perceptora por detrás de Canarias, superan los 1.100 millones de euros.

De esta forma, las comunidades tendrán más flexibilidad para ampliar los sectores y empresas especialmente afectados por la crisis sanitaria con acceso a estos fondos, incluyéndose la posibilidad de hacerlos extensibles a empresas viables pero con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, hasta ahora excluídas de las mismas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, ha aludido expresamente a la situación del sector del vino, al tiempo que manifestó que “somos conscientes de que cada comunidad autónoma tiene características específicas y requiere respuestas personalizadas”.

El Consejo Regulador del vino, a través de su presidente César Saldaña, ha celebrado la modificación, “que supone un motivo de esperanza para nuestra justa reivindicación de que estas ayudas alcancen también al sector bodeguero, que tanto ha sufrido como consecuencia de la pandemia”.

Tras la rectificación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el presidente del vino ha expresado su confianza en que “la Junta de Andalucía sea consecuente con la solicitud que en su día hizo al Gobierno de la nación y haga uso de sus capacidades para incluir a las empresas de nuestro sector entre los posibles beneficiarios de las ayudas”, para lo que ha apelado a la Consejería de Agricultura a fin de incorporar a las bodegas.

Los sectores que determinen las comunidades autónomas se sumarán a los 95 inicialmente recogidos en el Anexo I del Real Decreto y que se establecieron aplicando “criterios objetivos” basados en el efecto de la pandemia en el empleo de cada sector, ha recalcado la ministra Montero.

En concreto, en el momento de aprobación del Real Decreto-ley, el 10 por ciento de los trabajadores de estos sectores estaban protegidos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y, además, no habían vuelto a la actividad al menos un 75% de los trabajadores que llegaron a este en ERTE en el peor momento de la pandemia, en abril de 2020.

El Ministerio de Hacienda remitió el pasado viernes a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas.

Pese a la solicitud para que tramitaran dichos convenios con carácter de urgencia, la titular de Hacienda ha avanzado que las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha son las únicas que han devuelto los convenios firmados, que una vez rubricados por Montero, se remitirán al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación de manera que puedan recibir el dinero de manera “inmediata” y sacar sus convocatorias para repartir las ayudas entre las empresas.

La ministra espera que el resto, entre ellas Andalucía, remita los convenios firmados en los próximos días y no ve “previsible” que alguna comunidad se descuelgue, lo que sería “escandaloso”. En todo caso, advirtió de que el Gobierno estudiará y adoptará medidas si así ocurriera para “no dejar a ninguna empresa en la cuneta”.