El caso ‘Huertos de ocio’, por el que el ex alcalde Pedro Pacheco y Luis Cruz, el ex gerente de la desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), fueron condenados por la Audiencia Provincial a un año y nueve de meses de prisión puede sufrir un importante vuelco por la aparición de dos documentos cuya existencia no había podido ser probada hasta ahora.

Este medio ha tenido acceso a unos talones de cargo (justificantes de pago) que corroboran que la empresa con la que el Ayuntamiento permutó unos huertos familiares en San José Obrero por un edificio en el centro de la ciudad abonó la diferencia de valor que tenían ambas propiedades. El fallo judicial sustentaba el delito de estafa de los ex responsables municipales precisamente en que no había quedado demostrado que se hubiera producido esta compensación.

Se da la circunstancia de que estos documentos se encontraban desaparecidos por lo que tanto en las diligencias previas como en la vista oral no se pudieron aportar. No en vano, de haberlos tenido, las defensas tanto del ex regidor como del ex técnico municipal las hubieran utilizado para tratar de hacer frente a las acusaciones de la Fiscalía durante el procedimiento instruido por el Juzgado número 2 de Jerez y juzgado posteriormente por la sección octava de la Audiencia Provincial.

Fuentes del caso explicaron que estos han aparecido tras haberse solicitado al gobierno municipal a través del portal de transparencia, lo que ha permitido localizarlos ahora, de manera sorprendente, en los archivos municipales. Estos documentos son dos cartas de pago de la empresa Xera Promociones realizados el 20 de mayo de 2003, uno de 129.026 ,47 euros en concepto de la permuta y otro de 97.604 euros por el IVA de la operación.

A mediados de julio, la Audiencia Provincial dio a conocer la sentencia por el caso ‘Huertos de ocio’. En ella se censuraba la operación de permuta acordada en 2003 entre la desaparecida Gerencia de Urbanismo y la firma Xera Promociones. La promotora se hacía con la propiedad de una parcela de 26.123 metros cuadrados en la huerta de San Álvaro, en San José Obrero, a cambio de un edificio en la céntrica calle Jesús de la Flagelación (las antiguas oficinas de Palomino y Vergara). Ambas propiedades, según las tasaciones realizadas, tenían una diferencia de valor de unos 129.000 euros por lo que en el acuerdo se establecía que la promotora estaba obligada a compensarla en metálico.

En el fallo, se censuraba, para empezar el modus operandi de la operación ya que la sala entendió que el acuerdo se hizo sin cumplir los principios de publicidad y concurrencia que debe tener cualquier operación de una administración pública. Además, criticaba que no hubiera ningún informe que justificara la idoneidad de la permuta.

Ahora bien, para sostener que se produjo un delito de estafa el fallo determinó que se había producido un “perjuicio” al Ayuntamiento ya que “no se había acreditado que la diferencia de valor entre ambas fincas haya sido compensada” por parte de la promotora Xera. De hecho, apuntó en los hechos probados del fallo que fue “revelador” que Pedro Pacheco declarara en el juicio que no recordara si se había producido un pago en metálico. Por ello, sentenció que esta compensación en metálico no se había “justificado”.

En cambio, ahora han aparecido estos dos talones de pago fechados el 20 de mayo de 2003, cinco días después de la firma del convenio de permuta entre la Gerencia y la promotora. El documento viene firmado por tesorero de la GMU y fechado con su número de ingreso en el departamento de contabilidad del órgano que gestionó la política urbanística de la ciudad hasta 2007.

Fuentes consultadas señalan que, a pesar de la aparición de estos documentos, difícilmente se podrán utilizar cuando este caso llegue al Tribunal Supremo ya que no se permite la aportación de nuevas pruebas. Eso sí, estos expresan su esperanza en un cambio del sentido del fallo en una fase posterior cuando se pueda solicitar una revisión de sentencia una vez se resuelvan los recursos de casación en el Alto Tribunal.

Pedro Pacheco y Luis Cruz fueron condenados por la Audiencia Provincial a un año y nueve meses de prisión por un delito prevaricación en mediación con otro de estafa.