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Crean una plataforma por los servicios públicos y el bienestar

  • Colectivos denuncian el recorte en gasto social, un acto que "aumenta la desigualdad"

Cuarenta organizaciones sociales y sindicales, entre las que encuentra Facua, han constituido la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, con objeto de trasladar a la sociedad un modelo social basado en la justicia y los derechos laborales y sociales. La unión surge con motivo de las decisiones que están adoptando la mayoría de los gobiernos, consistentes en recortar el gasto social, lo que a su juicio están manteniendo y agudizando la crisis y aumentando las desigualdades entre poblaciones y países.

La crisis como excusa para reducir derechos

Las organizaciones firmantes recuerdan que la protección integral y la universalización de la cobertura, parte indispensable del Estado Social, han tenido su reflejo en las constituciones democráticas como la española, lo que supone un mandato a los poderes públicos para que desarrollen una política redistributiva activa que garanticen de forma real y efectiva los principios de igualdad, libertad y participación.

Muestran su preocupación por la posibilidad de que la crisis sirva de excusa para un retroceso en los derechos civiles ya alcanzados o en el avance en los derechos constitucionales que todavía no han sido totalmente aplicados.

Consideran que los servicios de interés general son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Por ello, exigen a los gobiernos que rectifiquen en la orientación de las políticas sociales, recuperando el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar como uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo social.

Estas organizaciones defienden la gestión pública directa como la mejor fórmula de procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la equidad y calidad de los mismos, incluyendo su acceso en las mismas condiciones en el ámbito rural, de garantizar y tutelar el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, la educación y la atención social y de evitar desviaciones en la gestión mediante la adecuada acción inspectora.

Salida justa y solidaria

Los integrantes de la plataforma apuestan por otra salida de la crisis que sea solidaria y redistributiva, y que, en ningún caso, suponga la vuelta a modelos económicos que se han mostrado injustos e ineficaces, entendiendo que el mantenimiento de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable.

A tal efecto, consideran que es imprescindible impulsar de forma inmediata una lucha decidida contra el fraude fiscal y acometer una reforma fiscal integral, con consenso social, que afecte al conjunto de impuestos y que sirva para devolverle a nuestro sistema tributario las características de suficiencia y equidad propias de los países más avanzados de Europa.

También que es necesario ampliar el plazo del cumplimiento de los objetivos de déficit. La reciente reforma constitucional, introduce un límite adicional a las posibilidades de desarrollo del modelo social, proyectando un cambio de paradigma, subordinando los objetivos sociales y el papel del sector público a los objetivos económicos y los intereses de mercado.

La organizaciones exponen la necesidad de defender la existencia de unos servicios públicos eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía, como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre.

Por ello, rechazan cualquier medida encaminada a reducir la presencia y protagonismo de dichos servicios en nuestra sociedad. Recuerdan que el gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, sanitaria y de servicios sociales, es la contribución directa que las administraciones deben hacer para favorecer la salida de la crisis, y que las políticas de ajuste en los servicios públicos no resuelven los problemas de nuestro país sino que, al contrario, provocan un agravamiento de la situación.

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