El PSOE calificó ayer de "demoledor" el informe emitido por la Inspección de Trabajo sobre el Expediente de Regulación de Empleo del Ayuntamiento de Jerez, al "tratarse de un traje a medida". El edil socialista Juan Pedro Crisol, acompañado por las concejales Miriam Alconchel y Ainhoa Gil, aseguró que el informe, realizado por un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, "tiene todas las papeletas para que lo tumben en los tribunales", a lo que añadió que "el PP pagará caro esta chapuza, es decir, más bien la vamos a pagar todos los jerezanos porque mucho nos tememos que nos va a costar una millonada en indemnizaciones si es que prosperan las demandas colectivas e individuales que dicen que van a presentar los afectados". De hecho, afirmó que "ya estaba costando" y citó, como ejemplos, que no se está pagando la nómina municipal y el Ayuntamiento tampoco ha hecho frente al primer plazo de los créditos ICO, "no se paga al Consorcio de Bomberos, ni a Acasa, ni Limasa ni a los autobuses urbanos". Es más, Crisol adelantó que "a partir de ahora los servicios públicos municipales también se van a ver afectados, ya que faltan porteros en los colegios, se van a cerrar bibliotecas y no hay personal para atender a los vecinos en los centros cívicos".

Así las cosas, el edil socialista criticó que "el gobierno de la señora Pelayo sigue teniendo a esta ciudad empantanada, en el caos más absoluto y, lo peor, que no tiene visos de solución y no sabe cómo salir del pozo. Pelayo y su gobierno ha perdido credibilidad, legitimidad y ha sumido a Jerez en la miseria". Por ello, añadió que el PP "no sólo ha condenado al paro a 260 trabajadores, sino que se le llena la boca con falsos argumentos para justificar un ERE que tiene muchos visos de ilegalidad. Y no lo dice sólo este Grupo Socialista, sino que lo dice el mismo organismo de Trabajo en su informe". Haciendo alusión a dicho documento, Crisol denunció que del informe se desprende que "no existe, antes de tomar la decisión de rescindir los 260 contratos, el convenio especial con la Seguridad Social que exige la Ley para aquellos trabajadores con más de 59 años cuando el despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores" y tampoco existe "el plan de recolocación externa que exige la Ley, con carácter previo a ejecutar el despido. Hay dos elementos esenciales que exige la Ley que no existen en el ERE".

De igual forma, denunció que el informe advierte que "no ha habido criterios objetivos para la selección del personal afectado por el ERE y que, por tanto, no ha habido fundamentación jurídica para ver quién sale o quién no sale y que, a su juicio, han echado a los peores pero no hay fundamento que lo justifique". De hecho, recalcó que es la Inspección de Trabajo quien argumenta que los criterios de selección deben ser "objetivos y razonables y, por tanto, basarse en circunstancias no subjetivas" y así lo dice textualmente el informe: "Los criterios de selección basados en la evaluación continúa también se consideran objetivos y razonables, si bien no es menos cierto que al no existir documento alguno que lo sustente y acredite, no podemos determinar con precisión si su aplicación en cada caso particular ha sido efectivamente objetiva".

A tenor de estas valoraciones, el edil afirmó que "se trata de un traje a medida que se ha realizado para justificar la chapuza que ha realizado el PP con el despido de 260 trabajadores, con criterios subjetivos, sin ningún documento técnico que justifique esta decisión y que ha condenado al paro a 260 familias y amenaza con despedir a 90 más en las empresas municipales". Como ejemplo de la "chapuza" y de la "falta de criterio" en el ERE, Crisol desveló que se ha dado el caso de un funcionario del Ayuntamiento que ha ofrecido por escrito su puesto de trabajo a cambio de que no despidan a su hija y que finalmente así se había realizado: "Este caso tan sangrante es la muestra palpable de los criterios objetivos que el gobierno del PP ha aplicado en el ERE".