1990

Pedro Pacheco hace entrega a una cuarentena de familias unas parcelas de 500 metros cuadrados cada una en la huerta de San Álvaro, en el Pago de San José Obrero. Se les cede por un año con la posibilidad de ir prorrogando la concesión anualmente. Los beneficiarios fueron elegidos mediante concurso público.

2003

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) comunica a los arrendatarios el fin de la cesión. Mientras, el consejo de la GMU aprueba el convenio con la empresa Xera Promociones SA para permutar estos terrenos por un edificio de su propiedad en la céntrica calle Jesús de la Flagelación. Fruto de la diferencia de valoración entre ambos inmuebles se establece una compensación económica al Ayuntamiento de unos 129.000 euros. En mayo del año siguiente se produce el desalojo de los huertos con amplia presencia policial.

Un momento del desalojo de los huertos realizado en 2004

2005

Tras los recursos infructuosos realizados ante el Ayuntamiento, un grupo de parcelistas denuncia el caso en el Juzgado. Las diligencias son tramitadas por el Juzgado número 2 de Jerez quien inicia las diligencias en 2006 y recibe el “expediente administrativo”, según se apunta en la sentencia de la Audiencia Provincial, en 2007.

2010

Tras incoar diligencias, donde llegaron a estar imputadas las ex alcaldesas Pilar Sánchez y María José García-Pelayo, el Juzgado sobresee el caso; pero un año después lo reabre tras un recurso ante la Audiencia Provincial que revocó el auto. 

2013

El Juzgado dicta auto de transformación en procedimiento abreviado para que el caso pueda ser juzgado. Los diferentes recursos alargan el procedimiento hasta 2016, año en el que se emite el auto de apertura de juicio oral.

Una de las sesiones de la vista oral por el juicio Huertos de Ocio.

2018

El juicio se celebra la sección octava de la Audiencia Provincial en junio y un mes después se conoce la sentencia. Se condenan a Pedro Pacheco y a Luis Cruz a un año y nueve meses de prisión, además del pago a una indemnización al Ayuntamiento de manera solidaria por importe de 129.000 euros, por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de estafa. Las partes, que ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo, han solicitado una aclaración de sentencia que está pendiente de pronunciamiento de la sala. En paralelo, una de las partes solicita al Ayuntamiento acceso a los justificantes de pago que corroboran que Xera Promociones abonó la compensación económica. Días más tarde le hace entrega de los talones de cargo.