El precio de volver a casa

"Decidimos irnos en los 60; ahora nos están echando"

  • Según la delegación gaditana de los emigrantes retornados, en Jerez hay alrededor de mil personas afectadas por los requerimientos de la Agencia Tributaria. En estas páginas, dos de ellos ofrecen su testimonio y ponen cara al problema

"De acuerdo con la información que obra en poder de la Administración, se pone de manifiesto que el contribuyente ha percibido en 2008 rendimientos derivados de pensiones en el extranjero (…) y está obligado a presentar declaración anual del IRPF". Así reza la carta de la Agencia Tributaria de la que se estima que son remitentes alrededor de mil jerezanos. Está destinada al colectivo de emigrantes retornados, compuesto en su mayoría por jubilados que hace décadas decidieron hacer las maletas en plena dictadura y buscar suerte y el jornal en otros países, cuando ni habían nacido los impulsores de la Unión Europea. El Ministerio de Hacienda comenzó a reclamar en mayo las tributaciones correspondientes a 2008, el último año no prescrito susceptible de reclamación.

 

Agader, la Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados, asegura que este colectivo siempre quiso declarar ante Hacienda tras volver a Jerez, pero que era la misma institución la que les decía que su dinero, procedente del extranjero, estaba exento de este proceso. Cuál fue entonces la sorpresa del colectivo comenzaron a recibir cartas en las que la Agencia Tributaria les pedía que se acercasen a alguna de sus oficinas para tratar unas irregularidades detectadas en su declaración de la renta del año 2008. Después vinieron las de 2009, 2010, 2011 y 2012 por no haber incluido sus rentas ganadas en el extranjero. 

 

Pero el problema no acaba ahí. Además de tener que hacer frente a las declaraciones de estos cinco años, la Agencia Tributaria suma una serie de recargos y multas por el retraso del pago, por lo que las cantidades exigidas a los retornados se elevan de los 15.000 a 25.000 euros de media por caso, aproximadamente. 

 

La versión de la Agencia Tributaria para exigir estos pagos es en base a que los retornados tienen dos pagadores, y por tanto el mínimo para la declaración obligatoria baja de los 22.000 a los 11.200 euros, cosa que por desinformación o mala información no conocían estas personas. La institución declaraba que había detectado "la existencia de un número elevado de contribuyentes que han declarado correctamente las pensiones obtenidas en el extranjero, pero también se han advertido contribuyentes que no lo han hecho". Por eso, consideraba que "no corregir este comportamiento supondría hacer de peor condición a quien percibe sus pensiones en España y a quien percibiendo sus pensiones del extranjero ha cumplido con su responsabilidad de declararlas".

 

La ley del IRPF establece que si una persona física es residente fiscal en España, deberá declarar en dicho país las rentas que obtenga en cualquier parte del mundo, sin perjuicio de lo que se disponga en los convenios para evitar la doble imposición internacional. La tributación para los residentes fiscales en España de las pensiones obtenidas en el extranjero tienen distinto tratamiento según sean públicas o privadas. ¿Y por qué, entonces, no lo había requerido antes? Porque según declaraciones de la Agencia Tributaria en diferentes medios de comunicación, antes no tenían una información del extranjero que ahora sí se dispone y es cuando ha procedido a la regularización. 

 

El PSOE ha sido uno de los pilares más fuertes para este colectivo, ya que ha amplificado su voz hasta el Congreso de los Diputados en forma de iniciativas parlamentarias y de una proposición de ley que se debatirá el próximo mes de abril a través de la cual piden al Gobierno central modificar la legislación para ayudar a estos jubilados a regularizar su situación como consecuencia de una mala información suministrada. El eco de esta situación, generalizada en España, ha llegado a la Eurocámara y el pasado mes de noviembre se hizo público que la Comisión Europea investigará esta campaña de Hacienda tras las quejas del colectivo gallego de emigrantes retornados, unos de los más afectados por la situación. 

 

Precisamente, fue el colectivo gallego el que pudo ver una pequeña luz salió al final del túnel a finales del pasado mes de enero, cuando el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia eximió del pago de una multa, por valor de 666 euros, a un emigrante retornado de Ourense. El primero (y único) caso por ahora.

 

Para cualquier afectado en la ciudad, la Asociación Andaluza de Emigrantes Retornados 'Plus Ultra', dispone de los teléfonos 956 211 040 y 620134179.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios