El concejal de Cultura del Ayuntamiento jerezano, Francisco Camas, ha declarado en la mañana de este viernes como investigado por su contratación en 2003 en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un órgano ya disuelto que estaba adscrito a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. El edil está incluido en una causa que está siendo realizada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que trata de determinar si hubo prevaricación y malversación cuando fue contratado en 2003 en este ente instrumental de la administración autonómica.

Según lo recogido por Europa Press, el edil ha defendido la “legalidad” de su contratación y el trabajo efectivo que realizó en la Faffe asegurando que su puesto tenía "contenidos" y un horario laboral estipulado, con lo que según han alegado Francisco Camas prestaba “servicios efectivos”. Camas trabajó como técnico en la gerencia de Cádiz de este organismo y, posteriormente, como responsable del centro de la Faffe en Jerez (que le supuso un incremento de su sueldo).

Así, explicó que pasó a formar parte de la Fundación procedente del Fondo de Formación y Empleo (FPE) por lo que su contratación fue previa a la implantación de los procedimientos específicos en materia de recursos humanos que tenía la Faffe. 

Junto a Camas también han declarado ante el juez instructor, José Ignacio Vilaplana, el exdirector técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén. También han comparecido como investigados junto al exdirector de Recursos Humanos de la Faffe, Antonio Jiménez Cuenca y Luis Marqués Suárez, ex gerente de la Faffe en Cádiz. Estas declaraciones se habría previsto que se hubieran celebrado meses atrás, aunque finalmente se pospusieron hasta en tres ocasiones.

En un auto fechado el pasado 21 de diciembre, el juez instructor señaló que Camas había sido contratado a instancias de Fernando Villén sin proceso de valoración alguno y sin tener unas titulaciones que estuvieran vinculadas al objeto de la Faffe. Por ello, calificó la contratación del edil de “injusta y arbitraria”, además de ser contraria a “los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad".

Este medio ha podido saber que en las últimas semanas también han declarado ante el juzgado sevillano sobre esta causa personal de distintos órganos vinculados a la Consejería de Empleo.