El empresario valenciano y propietario de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, es uno de los presuntos implicados en un nuevo caso de corrupción relacionado con la empresa Teconsa, que investiga la Policía en la denominada operación 'Caballo de Troya' y por la que en las últimas horas se ha detenido a 15 personas.

De Cabo, en prisión desde diciembre junto al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por la operación 'Crucero' (Marsans), es previsiblemente uno de los detenidos en el curso de otra investigación policial por delitos fiscales, blanqueo de capitales e insolvencia punible que se desarrolla en varias comunidades españolas, informaron fuentes de la investigación.

Según las fuentes consultadas, entre los detenidos también figura un hijo de José María Cuevas, presidente de la CEOE entre 1984 y 2007, así como otras personas relacionadas con la familia Martínez Núñez, a la que De Cabo compró la constructora Teconsa después de declararse en concurso de acreedores siguiendo el mismo procedimiento que realizó en Marsans o Nueva Rumasa. El origen de las pesquisas se sitúa en febrero de 2012 después de que José Martínez Núñez vendiese el Gran Hotel de Santiago de Compostela a De Cabo.

La operación 'Caballo de Troya', practicada por la Policía en la colaboración con la Agencia Tributaria, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela del que es titular José Antonio Vázquez-Pahín, y la investigación guarda grandes paralelismos con la operación 'Crucero', en la que, entre otras cosas, se investiga a De Cabo por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos.

La operación, que sigue abierta, se inició el lunes con la detención de 13 personas, a las que ayer se unieron otras dos tras los registros practicados en Madrid, Castilla y León, Valencia y Galicia, informaron fuentes policiales.

Teconsa, además, fue investigada en el marco del caso 'Gürtel' por la sonorización de la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006. Esta empresa admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que cobró facturas completas a las empresas a las que subcontrató estos trabajos un mes antes de que se llevaran a cabo.

Así lo manifestó el directivo de la empresa Rafael Martínez Molinero, que admitió que la compañía cobró en junio de 2006 de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) un total de 7.493.600 euros por la instalación y desmontaje de equipos de audio y vídeo que fueron llevadas a cabo por otras empresas un mes después.

También en el marco de la investigación de la trama Gürtel, Teconsa fue investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación a la supuesta adjudicación irregular de la construcción de un tramo de la variante de Olleros de Alba (León) a esta constructora. Está investigación finalmente fue archivada.

El concurso de acreedores de Teconsa también afectó a Jerez, donde esta empresa se adjudicó el concurso para el derribo y la construcción del nuevo polideportivo de La Granja, trabajos que subcontrató a una empresa de Arcos y que se vieron paralizados unos meses por la suspensión de pagos de la constructora que terminó comprando De Cabo.