Facua-Consumidores en Acción ha reclamado a las compañías eléctricas que devuelvan a los usuarios las cantidades que vienen cobrándoles ilegalmente al hinchar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida.

Resolución de la comisión Nacional de la energía

Los consumidores que ya cuentan con contadores digitales continúan pagando en cada recibo el alquiler de los interruptores de control de potencia (ICP). Lo hacen pese a que los nuevos contadores instalados por las eléctricas, con una tarifa de alquiler mucho más cara que los antiguos, ya llevan incorporados sus propios limitadores de potencia.

Tras una denuncia presentada por Facua el pasado abril, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha resuelto en un informe fechado el 24 de noviembre de 2011 que "en aquellos casos en los que las empresas distribuidoras han facturado simultáneamente a sus clientes el alquiler del ICP y el del nuevo equipo de medida, debería reintegrarse a los mismos las cantidades correspondientes al alquiler del ICP".

La CNE recuerda que ya señaló en un informe de 2009 que "la implantación de los nuevos equipos de medida debía conllevar la desinstalación del ICP colocado en el domicilio del cliente, ya que el nuevo contador incluye la función de control de potencia demandada mediante un elemento de corte".

La tarifa por el alquiler de los contadores digitales, 81 céntimos mensuales antes de impuestos, es un 50% más elevada que los 54 céntimos de los antiguos. Y ello pese a que con los nuevos equipos las eléctricas no necesitan enviar a sus operarios a los domicilios de los clientes para realizar las lecturas.

No satisfechas con esta descomunal e injustificada subida de la que se están viendo beneficiadas, las compañías hinchan el alquiler de los equipos en 3 céntimos mensuales añadiendo la tarifa correspondiente a los limitadores de potencia, que ya no son necesarios al estar incorporados en los nuevos contadores.

Devolución de cantidades

Facua ha instado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y E.On a que devuelvan las cantidades facturadas irregularmente a sus clientes. De no hacerlo, la asociación presentará las pertinentes denuncias contra el sector ante las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas.

La asociación argumenta que las eléctricas incurren en cláusulas abusivas, prohibidas por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

El artículo 87.6 de dicha norma define como abusivas las estipulaciones que impongan "el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente". Asimismo, el artículo 41.1.d del Real Decreto Legislativo plantea como infracción "el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas, o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales".