La teniente de alcaldesa, Carmen Collado, ha avanzado que “en la presente legislatura la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa) ha logrado reducir en torno al 21 por ciento el volumen de impagos del parque público de viviendas frente al 40 por ciento que dejaron los populares tras su mandato”.

Una cifra que, según la responsable municipal de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, “se debe a la combinación de tres factores: trabajo riguroso, cumplimiento de la ley y soluciones personalizadas para atender los casos específicos de las familias jerezanas que precisan estos recursos públicos”.

En esta línea, la edil Carmen Collado señala que “la gestión realizada por el gobierno municipal en estos cuatro años ha permitido, además, recuperar aproximadamente unas 26 viviendas públicas”. Asimismo añade que “estos inmuebles han sido reasignados a familias conforme a la normativa, tras el estudio y seguimiento de su situación”.

La teniente de alcaldesa lamenta que “toda esta gestión, fruto de un trabajo diario, con familias, vecinos y entidades, sea utilizada por el PP para lanzar a la opinión pública mensajes y enfoques confusos”. Según Carmen Collado, “ellos mismos se contradicen; por un lado, nos piden que controlemos las ocupaciones ilegales, y por otro, el señor Saldaña nos acusa de desalojar a una familia con sentencia judicial por ocupación ilegal de una vivienda pública”. Finalmente, la responsable municipal de Vivienda les pide “que se aclaren”. “Cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con que no se había hecho ningún tipo de control ni inspección en el parque público de viviendas, demostrando dejación y abandono en casos donde se había detectado conflictividad vecinal”.

La delegada socialista recuerda que “los ayuntamientos tienen la obligación de repartir justa y equitativamente los recursos públicos” y de “gestionar desde la responsabilidad y legalidad”. Por último, Collado reitera que la gestión y asignación de viviendas públicas de Emuvijesa “se realiza en base a la ley, a través de un estudio riguroso y en coordinación con los Servicios Sociales, encargados de evaluar de manera permanente cada caso con el objetivo de alcanzar una solución de pago adaptada a la realidad de las unidades familiares que demandan este recurso”.