Las críticas que el PP ha realizado al Ayuntamiento por el desalojo de una familia de una vivienda pública propiedad de Emuvijesa han tenido una rápida respuesta por parte de los vecinos que conviven con esta familia, en concreto una pareja que ocupa de forma ilegal el piso, situado en uno de los bloques de residencial Calipso, en la zona Sur.

Portavoces de estos residentes aclararon por un lado que han sido ellos mismos los que denunciaron la situación de ocupación con el fin de que el Ayuntamiento interviniese y "no entendemos como un partido político utiliza este tema". Explicaron que la pareja lleva unos tres años ocupando la vivienda, desde que quedó deshabitada. "En este bloque algunos somos propietarios y otros inquilinos y a todos nos cuesta mucho llegar a final de mes para que una persona entre en una vivienda a la buena de Dios y encima se queje. Estamos hablando de una usurpación ilegal, y existe un ordenamiento jurídico. Si no, todos haríamos lo mismo, porque a nadie le gusta pagar", señala un representante del bloque.

Los vecinos dicen que entienden que desde las administraciones públicas se ayude a familias que han comprado una vivienda y no pueden seguir pagándola, "pero no es este caso. No se trata de un desahucio, sino de un desalojo y nos parece bien que intenten regularizar su situación, pero lo que no se puede hacer es dar una patada a una puerta y ocupar una vivienda. Ocupar tiene unas consecuencias".

"A nadie nos gusta pagar, pero si no pasa nada por eso, todos haríamos lo mismo”, dice un vecino

Además, afirman que el conserje ya ha levantado 17 partes hacia esta pareja, algunas de ellas por amenazas hacia su persona.

El representante vecinal insistió en que en este residencial, formado por ocho bloques de viviendas de protección oficial, han llegado a tener hasta nueve pisos ocupados y en algunos casos por personas conflictivas. En estos momentos quedan ya sólo dos. "Comprendemos que la gente tiene que regularizar su situación, no se pueden hacer las cosas mal. Hay más de 4.000 familias en Jerez que piden una vivienda y para eso hay que seguir unos pasos y cumplir unos requisitos".

La crítica que se ha hecho desde el PP a este desalojo, después de que la pareja que ocupa de forma ilegal el piso se dirigiera a este partido político para pedir ayuda, no ha caído bien entre los vecinos, que han sido los primeros interesados en que se produzca esta actuación. "Si los políticos quieren ganar votos de esa forma no van a conseguir nada, porque hay otras muchas familias, que somos propietarios e inquilinos y que también votamos".

Hay que recordar que desde hace ya varios años la ocupación de pisos deshabitados en residencial Calipso ha sido una queja constante entre los propietarios, que han venido denunciando la inseguridad que suponen este tipo de situaciones.

De hecho, las continuas reclamaciones de los vecinos obligaron en octubre de 2016 al Ayuntamiento a contratar a un vigilante para evitar las ocupaciones ilegales.

La teniente de alcaldesa de Acción Social, Carmen Collado, también se refirió a este desalojo, para diferenciarlo en primer lugar de lo que sería un desahucio. "Creo que hay que recordarlo a la ciudadanía y a algunos partidos políticos, como el PP, que no lo tienen claro. Un desahucio se produce cuando una familia está residiendo en una vivienda adquirida en propiedad o mediante alquiler y por circunstancias personales, dejan de pagar. En esos casos se puede producir un desahucio, pero podemos decir con satisfacción que desde que estamos gobernando en 2015 el 99% de estos casos se han parado, en la mayoría de las ocasiones por la colaboración de los bancos y esa mediación que se ha hecho desde la Oficina de Intermediación de Desahucios".

Agregó que, en cambio, el desalojo se produce ·cuando esa vivienda, bien sea pública o privada ha sido ocupada ilegalmente, con una patada en la puerta. En esos casos se denuncia y la denuncia puede venir de los vecinos, de la Administración Pública o el propietario de esa casa".

En coincidencia con los residentes del bloque de residencial Calipso, Collado mantuvo que la familia okupa ha sido denunciada por los propios vecinos "porque está ocupando una vivienda pública y porque está provocando un grave conflicto de convivencia en ese bloque. Y una vez que se produce la denuncia, el juez dictamina y la Administración Pública tiene cumplir. No nos podemos saltar la sentencia de un juez en ningún caso".

La teniente de alcaldesa subrayó que para acceder a una vivienda pública se tienen que cumplir unos requisitos legales. "Hay muchas familias que están esperando pacientemente y sufriendo situaciones tristes. A esas personas no se les puede usurpar su derecho porque alguien llegue y de una patada a la puerta".