El ministerio público solicita una pena de 14 años de prisión a JJ.G.L., presunto cabecilla de una trama que se dedicaba a estafar a inmigrantes en situación irregular en España. En concreto, la Fiscalía le atribuye cuatro presuntos delitos: contra el derecho de los trabajadores, estafa, falsedad y otro de intrusismo, por los que pide tres, siete, tres y un año respectivamente por cada uno de estos delitos.

Junto a él, se sentarán en el banquillo de la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez, un hermano del cabecilla, A.G.L., además de J.A.S. y JM.P.G., para los que la Fiscalía solicita penas de un año y nueve meses de prisión por los presuntos delitos de estafa continuada, contra los derechos de los trabajadores y falsedad. Los hechos se juzgarán del 16 al 20 de enero en la sede de la Audiencia, en la avenida Álvaro Domecq.

Según señala el fiscal en su escrito de calificación, JJ.G.L. es contable y titular de una céntrica asesoría a través de la cual, entre los años 2000 y 2001, "con ánimo de obtener una ganancia ilícita", se ponía en contacto con ciudadanas extranjeras en situación irregular en nuestro país. A estas mujeres, principalmente de nacionalidad sudamericana y de Europa del Este, las captaba en clubes de alterne no sólo de la provincia, también de Málaga y Huelva, en donde el principal acusado de la trama les ofrecía ofertas de trabajo que resultaban ser falsas y que decía estaban firmadas por diferentes empresarios (en un número que alcanza casi los treinta) de los que ya tenía datos porque eran clientes suyos. Así y todo los contratos los firmaba él y posteriormente los presentaba en la subdelegación del Gobierno, en Cádiz, remitiendo las copias a las inmigrantes.

Estas falsas ofertas de trabajo las ofrecía a cambio de cantidades que oscilaban entre los 180 y 500 euros (de los cuales señalaba falsamente que 60 eran en concepto de sus honorarios y el resto, para los empresarios que ofrecían trabajo), además de prometerles la documentación necesaria para legalizar su situación en nuestro país.

La Fiscalía señala igualmente en su escrito que en 2001 empezó a cobrar 120 euros por enviar cartas de invitación, -los documentos que justifican el objeto y las condiciones de la estancia en España de los extranjeros que no forman parte de la UE- a distintos países, sin que nunca llegara a entregar los recibos de las cantidades que cobraba.

El escrito de calificación del fiscal resalta que la Policía encontró durante los registros que llevó a cabo en la asesoría del principal acusado 232 expedientes que estaban relacionados con su presunta actividad ilícita, además de intervenir un millón de pesetas de la época (seis mil euros).