Agentes de la Guardia Civil desplegaron ayer en Jerez la fase final de una investigación de años en torno a un presunto fraude por recetas irregulares en el seno del Servicio Andaluz de Salud.

Según pudo saber este medio al menos cinco personas fueron detenidas a lo largo de la mañana, tres de ellas en Jerez y otras dos en el Hospital Clínico de Puerto Real. Pese a todo, la cifra de detenidos se prevé que será mucho más elevada en las próximas horas.

Toda la investigación gira en torno a una presunta trama que prescribía aparatos de ortopedia de gran valor económico a personas que no los necesitaban o que, sencillamente, ya habían fallecido.

Las operaciones se concentraron ayer en Jerez en la calle Asta, vía pública que conecta el barrio de La Plata con el de Santiago. La operación se desarrolló en la ‘Ortopedia Índalo’, donde al menos una persona fue detenida, si bien este medio tuvo constancia de otras dos privaciones preventivas de libertad.

Fuentes cercanas al Servicio Andaluz de Salud apuntaron a este medio que los elementos que pudieron haber sido objeto de fraude eran algunos de los más caros en el mercado de la ortopedia, tales como pudieran ser camas articuladas y carritos eléctricos, elementos que suelen costar del orden de 10.000 euros cada uno de ellos.

El Hospital Clínico Universitario de Puerto Real fue ayer un absoluto revuelo después de que dos auxiliares administrativos salieran esposados de las instalaciones sanitarias. Fuentes cercanas señalaron a este medio que ambos llevaban al menos “cuatro años” fuera del denominado “departamento de prestaciones”, que es el que entrega a los afectados las ‘herramientas’ que necesitan para poder aliviar sus cargas por enfermedad. Este dato hace pensar que la investigación se desarrollaba desde hace años.

Obviamente, el hecho de que los administrativos no tengan la ‘voz cantante’ en este asunto, es decir, que necesitasen de un criterio profesional que aconsejase la compra de dichos productos ortopédicos hace sospechar de que pudiera haber médicos del SAS e incluso responsables administrativos implicados en este turbio asunto.

La lógica apunta a que todo esta trama no tendría otro fin que conseguir unos beneficios ilegales en las ortopedias investigadas, habiendo un pacto previo de reparto de ganancias por dichas ventas a costa del dinero del erario público. La operación, según pudo saber ayer este medio, sigue abierta y es posible que la autoridad judicial la considere cerrada en las próximas horas .

De otro lado cabe destacar que el despliegue de agentes de la Benemérita en las calles de Jerez fue enorme, recordando al que se llevó a cabo en el registro de la sede de una empresa de seguros en el caso de los ERE por orden de la conocida juez Alaya.