Trama Gürtel | Jerez “Ningún político y menos Pelayo me ha pedido que cometa una irregularidad”

  • La exinterventora del Ayuntamiento afirma que la exalcaldesa “no me lo iba a pedir” porque “no me podía ni ver”

  • El juicio de la trama Gürtel en Jerez ha quedado visto para sentencia

La exinterventora llega a la Audiencia, durante su anterior declaración en 2005. La exinterventora llega a la Audiencia, durante su anterior declaración en 2005.

La exinterventora llega a la Audiencia, durante su anterior declaración en 2005. / José Ramón Ladra

La exadministradora de empresas de Gürtel, Isabel Jordán, ha declarado en el juicio de la rama de Jerez que ha decidido que en las piezas que aún quedan por enjuiciar seguirá colaborando para revelar más datos que conoce de cómo operaba la trama de corrupción política relacionada con el PP.

Así lo ha manifestado este jueves en su turno de última palabra en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por la adjudicación supuestamente irregular a empresas de Gürtel del montaje del stand de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004 y dos espectáculos, uno ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines del Retiro de la capital por 355.391 euros.

El juicio ha quedado visto para sentencia y en el mismo las fiscales han pedido siete años y nueve meses de prisión para los números 1 y 2 de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y para el exempleado de empresas de la trama Javier Nombela por delitos de prevaricación, falsedad y fraude a las administraciones públicas.

La Fiscalía solicitaba la misma pena para Isabel Jordán pero finalmente la redujo a un año y once meses al confesar los hechos y aportar revelaciones que han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a plantear la reapertura de la causa en el Tribunal Supremo contra la diputada del PP y alcaldesa de Jerez en el momento de los hechos, María José García-Pelayo, que declaró el martes como testigo en el juicio.

Isabel Jordán, ya condenada a 20 años de cárcel por otras piezas del caso Gürtel, ha comenzado su turno de última palabra diciendo: “Pido perdón a la sociedad en general y a los ciudadanos por todas las irregularidades en las que he pedido participar en esta causa y por supuesto mi arrepentimiento más absoluto”.

“Durante el tiempo que llevo en prisión en Madrid 1 he hecho autocrítica con respecto a todos mis errores y me he dado cuenta de que desde que llegué a Special Events –una de las sociedades de Correa– a finales de 2002 y hasta que me marché en 2007 existía una normalización de ciertas conductas irregulares por parte de la empresa que nos arrastró a todos los empleados”, ha dicho, según recoge Efe. Ha añadido que “estaba así establecido, todo era normal, además de encontrar la misma conducta en políticos o en algunas personas que trabajaban para la Administración”.

Jordán ha reconocido también que cuando en 2007 aportó unos discos duros a la causa no colaboró más activamente con el Ministerio Fiscal y los jueces. “Pero he rectificado en esta pieza y así será en las sucesivas, esté encausada o no, una colaboración que prestaré activamente porque me he comprometido con la justicia, ya tengo conocimiento de mucha de la documental de la causa y además entiendo cómo operaba la organización”, ha concluido.

Cinco funcionarios que desempeñaban distintas funciones en el Ayuntamiento de Jerez en la época de los hechos se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de entre dos y siete años de prisión. Una de ellos, M.P. que era la interventora del Ayuntamiento, para quien la Fiscalía ha pedido siete años de prisión, ha proclamado su inocencia y ha dicho que cómo iba a participar en la trama Gürtel cuando el PP le hizo “la vida imposible”. “En 35 años ningún político de ningún partido me ha pedido que cometa una irregularidad o un delito y mucho menos me lo iba a pedir la señora García-Pelayo, que no me podía ver, como ella misma ha reconocido, y sus técnicos”, ha dicho.

Ha añadido que ella misma informó en 2009 de las irregularidades cuando le preguntó por las mismas la entonces alcaldesa socialista Pilar Sánchez, que dio lugar a que esta denunciara los hechos, y que incluso el informe que ella realizó como interventora “sirvió hasta para la exposición razonada para justificar la imputación de García-Pelayo” en la causa que luego archivó el Tribunal Supremo.

L.M., que era técnico municipal y que se enfrenta a la misma petición de pena, ha considerado que “la rivalidad de políticos en la ciudad de Jerez se ha judicializado, se ha querido perseguir a García-Pelayo para que por supuesto diera cuentas a la ley de lo que haya hecho o haya dejado de hacer y han arrastrado a todo el personal, pero yo era la última mona allí”.

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