Hacienda obliga a recortar unos ocho millones en el presupuesto municipal

El presupuesto municipal de este año, que se aprobó en abril, no tiene fecha para su entrada en vigor. El gobierno local tendrá que modificarlo ahora de manera sustancial tras recibir en la tarde del lunes el informe preceptivo del Ministerio de Hacienda que obliga a realizar una serie de cambios de calado. Según las explicaciones dadas ayer por el ejecutivo, tendrá que reducir un 5% el capítulo de personal y los costes en bienes y servicios -son los llamados gastos de funcionamiento-. Asimismo, tendrá que rebajar la previsión de ingresos al considerarse excesivamente optimista el cálculo de la recaudación de algunos tributos como el IBI o el IAE. El informe de Hacienda es favorable pero incluye estos "condicionantes", tal y como los calificó ayer el edil de Economía, Santiago Galván, que deben cumplirse antes de que el documento contable tenga vigencia. El recorte en personal y gasto corriente sería de unos 8,1 millones, aunque el ejecutivo elevó la cifra hasta los 8,6 millones.

Eso sí, el gobierno local considera que las conclusiones del Ministerio suponen lo más parecido a un "ataque" a la autonomía del Ayuntamiento ya que entiende que no se le dan alternativas. Es más, el ejecutivo interpreta que la reducción en el capítulo de personal -unos cinco millones- supone de manera implícita la obligación de ejecutar un nuevo ERE en el Ayuntamiento, extremo negado ayer por el PP. Eso sí, en el informe no se hace mención de ejecutar despidos sino de que el Ayuntamiento se comprometió a reducir los gastos en personal con la reducción de complementos salariales, gratificaciones y pluses que no están alcanzando los niveles acordados. Es más, le advierte de que no está cumpliendo con el plan de ajuste al plantear un aumento del coste de la plantilla, de ahí que le obligue al reducir un 5% los gastos de funcionamiento. El ejecutivo no tiene aún decidido las medidas que planteará pero aseguró que no se va a adoptar "ninguna medida traumática" para la plantilla, según palabras de la edil de Recursos Humanos, Laura Álvarez.

Desde 2012, el Ayuntamiento se ha acogido año a año a una serie de préstamos para hacer frente a sus pagos que obligan a ejecutar medidas de teórico obligado cumplimiento como la reducción de un 5% los gastos de personal y de bienes y servicios y el aumento hasta el máximo legal de los tipos impositivos de los principales tributos. Desde entonces, existen estos condicionantes pero el Consistorio jerezano los ha ido sorteando convenciendo a Hacienda con paquetes de medidas de ahorro alternativas. Sin embargo, el gobierno entiende que en este informe, que no hizo público, no se da margen al Ayuntamiento para plantear nuevas vías por lo que critica que no se hayan valorado los "esfuerzos" realizados en contención del gasto a lo largo de este mandato municipal. Incluso alertó de que tienen "escaso margen" para reducir tanto en personal como en gastos en bienes y servicios ya que desde 2015 se han realizado revisiones de contratos y se han reducido complementos a la plantilla. Por este motivo, el ejecutivo llegó a acusar de actuar de manera partidista al Ministerio al asegurar que ha sido "más flexible" con otros ayuntamientos gobernados por el PP. No obstante, se ha solicitado una reunión para tratar de alcanzar un acuerdo donde reducir las consecuencias del impacto del informe. En paralelo, hoy se reunirán con los sindicatos para analizar el documento tras haberlo realizado ayer con varios grupos -al único que no se convocó fue al PP-.