Hipotecas y morosidad

La vivienda es probablemente el bien más costoso que una familia adquiere a lo largo de su vida. Ésta se financia normalmente a través de la contratación de préstamos hipotecarios. El coste de éste, junto con el volumen de recursos con los que pueda contar cada familia, son cuestiones que determinan su solvencia y, por tanto, sus decisiones de consumo e inversión.

La situación actual es que las familias españolas se encuentran cada vez más endeudadas siendo la principal causa de este incremento el aumento de los préstamos a largo plazo, y principalmente la constitución de créditos para la compra de vivienda, la fluctuación de los tipos de interés y las dificultades para negociar las condiciones de sus préstamos ya contratados. Esta situación provoca que la mayor parte de la renta familiar disponible se destine al pago de la hipoteca disminuyendo con ello la capacidad de ahorro.

Los últimos datos ponen de manifiesto que la morosidad va en aumento, a pesar de que durante los últimos meses los intereses han ido bajando. Ello es debido a que se ha producido un fenómeno añadido que es el aumento del desempleo. La tasa de morosidad ha cerrado el año 2008 en el nivel más alto desde septiembre de 1997, con un 3,286% según los datos aportados por el Banco de España.

Los expertos del sector prevén que la morosidad, que con el incremento de diciembre lleva dieciocho subidas consecutivas, continúe aumentando en 2009, un año en el que podrían llegar incluso hasta el 9%. Así, el saldo de créditos dudosos aumentó en 3.052 millones de euros respecto a los 56.444 millones del mes de noviembre, hasta situarse en 59.496 millones de euros al cierre de diciembre. Entre las entidades financieras que acumulan mayor saldo dudoso están las cajas.

Ante esta situación de sobreendeudamiento y actual recesión del mercado inmobiliario, junto a la dificultad de conseguir la concesión de un préstamo hipotecario, tanto el Gobierno central como otras administraciones públicas de ámbito autonómico y municipal, con el objetivo de mejorar el acceso al mercado hipotecario y a la vivienda en general, han adoptado una serie de medidas tendentes a garantizar la transparencia en la contratación.

Y ello con la finalidad de que se permita a los consumidores tomar decisiones en función del riesgo real de los productos, evaluando si el mismo se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera, rebajar los gastos de constitución de los préstamos hipotecarios, así como una reducción de las comisiones y el fomento de la independencia de las entidades de tasación entre otras medidas.

Entre éstas cabe mencionar las impulsadas desde algunas comunidades autónomas como la andaluza dirigidas a rebajar el impuesto de actos jurídicos documentados (Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso de al actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos).

Las organizaciones de consumidores observan cómo en la contratación de este tipo de productos se viene produciendo una falta de información tanto en los momentos previos a la celebración del contrato como respecto a las revisiones del mismo, problemas a la hora de la subrogación entre entidades, disconformidad con las gestiones llevadas a cabo por la gestora impuesta por la entidad financiera, falta de independencia de las entidades tasadoras, la obligatoriedad de la contratación de otros servicios o productos de la entidad prestataria para mejorar las condiciones del préstamo, la confusión generada entre crédito hipotecario y préstamo hipotecario, etc.

Este conjunto de prácticas ofrece pocas garantías respecto a los derechos de los consumidores, provocando situaciones abusivas en un momento económico tan difícil como el actual.