La CGT ha convocado en la jornada de este lunes una huelga de 24 horas en el sector del telemarketing en toda España. De este modo, los miembros de CGT en la empresa Majorel, la empresa que presta servicios de atención al cliente a diversas compañías y que tiene su sede en el Parque Empresarial, se han sumado a ella.

Entre los motivos por los que se han convocado estos paros se encuentra una mejora del convenio colectivo del personal adscrito a este sector ya que, según el sindicato CGT, “las condiciones actuales no están en consonancia con la realidad inflacionista que se está viviendo.”

Por ello, demanda un nuevo acuerdo laboral que contemple una revisión salarial que permita “mantener unos salarios dignos que no son negociados desde 2019”. Entre otras demandas, la central sindical también exige mejoras en el teletrabajo y la contratación temporal.

Según el sindicato, a nivel nacional el seguimiento de la huelga ha superado el “50%” a nivel nacional, de ahí que se hayan mostrado “satisfechos” con el seguimiento de la movilización que denuncia la falta de avances en la negociación del convenio colectivo, que caducó en 2019. El sindicato ha acusado además a la patronal, la Asociación de Compañías de Experiencias con el Cliente (CEX), de no acudir a una reunión con el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

La convocatoria de CGT fue apoyada por CIG (Confederación Intersindical Galega), ELA (Eusko Langileen Alkartasuna), SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), CSI (Corriente Sindical de Izquierdas), SB (Sindicato de Base) y Solidaridad Obrera, mientras que CCOO y UGT rechazaron secundarla al no considerarla "la herramienta idónea" para la situación de las negociaciones, pero dieron libertad para seguirla a sus afiliados.

Entre los aspectos que mantienen paralizada la renovación del convenio se encuentran las discrepancias sobre la revalorización salarial, ya que el 3% ofrecido por la patronal para el periodo de 2022 a 2024 es considerado insuficiente para los sindicatos, que creen que supondría una reducción del poder adquisitivo de los trabajadores de un 10%.