En los años sesenta, Inglaterra estaba como quien dice saliendo del racionamiento y la austeridad de la postguerra. En aquellos años locos, Londres se convirtió en la capital de las nuevas tendencias. En la radio se oía a los Beatles y a los Rolling; las mujeres lucían piernas bajo la minifalda de Mary Quant; y el diseño pop y la psicodelia invadían las calles.

Los guateques estaban de moda, también en su versión 'sherry parties', fiel reflejo de los gustos de la época de los británicos, que acudían a estas fiestas caseras con botellas de 'british sherry' en lugar del genuino sherry de Jerez, y no por orgullo patrio -que los ingleses tienen para dar y regalar-, sino por una cuestión meramente económica, ya que el sucedáneo venía a costar media libra menos que el original, gravado con más aranceles.

Puede incluso que la copia 'barata' del sherry fuera bebible, pero difícilmente puede llamarse vino a un producto que, en el caso más extremo, se elaboraba con jugo de uva concentrado hasta adquirir la consistencia de mermelada, a la que luego añadían agua y alcohol.

Juan Luis Bretón fue testigo directo de aquellos alocados años londinenses y de las 'sherry parties' en sus años mozos como trabajador del Banco de Bilbao en la City, pero también vivió en primera persona, ya en plantilla de la firma jerezana Williams & Humbert, el conocido como 'sherry case' o pleito del 'british Sherry', de cuya resolución se cumplen ahora 50 años. Su relato contribuye a situar en su contexto el juicio que marcó un antes y un después en la defensa y protección del origen de los vinos jerezanos en el mundo.

El 'Sherry', en su más amplia acepción, se vendía a espuertas en las islas dada la conocida inclinación británica por la bebida, afición tan extendida en aquella época como la de copiar, en este caso por la falta de una industria local del vino, cualquier otro producto que tuviera un volumen considerable de ventas. Un químico griego, de apellido Mitsotakis, dio con la piedra filosofal de la fórmula del 'british sherry' a principios del siglo XX. El resto fue posible por la permisividad de los exportadores jerezanos, que tardaron muchas décadas en reaccionar.

Tardaron tanto que, cuando a finales de los sesenta se propusieron poner cerco a la competencia desleal del 'british sherry', la justicia británica desestimó el caso tras recriminarles que no actuaran cincuenta años antes. Pero el orgullo británico apareció entonces para abrir la puerta a la defensa de los intereses de las casas jerezanas, y fueron los propios ingleses del 'british sherry' los que, acto seguido, emprendieron acciones legales para consagrar su derecho a hacer uso del término sherry por aquello de que la costumbre se hace ley.

Los exportadores jerezanos pasaron de demandantes a demandados en el 'sherry case', proceso que enfrentó a González Byass & Co. Ltd., Mackenzie & Co. Ltd.. Pedro Domecq S.A. y Williams & Humbert Ltd., por la parte jerezana, contra Whiteways Cider Co. Ltd., Vine Products Ltd. y Jules Duval Beaufois, por la inglesa.

En plena revolución social británica, a finales de julio de 1967 el juez Geoffrey Cross de la Chancery División de la Alta Corte de Justicia puso la primera piedra de la que sería una larga batalla posterior para acabar con el 'british sherry' y demás miembros de la larga serie de sucedáneos del vino de Jerez en el Reino Unido, entre los que figuraban el 'english sherry', 'empire sherry', 'cyprus sherry', 'australian sherry' y 'southafrican sherry'.

El juez Cross sentó cátedra en la resolución del 'sherry case', una sentencia salomónica que no daba la razón a nadie, pero que contentaba a las partes en litigio, de ahí el triunfalismo con que se celebró en Jerez la decisión judicial. El fallo, en definitiva, debería ser estudiado en la carrera diplomática y en la política como ejemplo de cómo desbloquear un conflicto sin que ninguna de las partes se sientan agraviadas.

La histórica sentencia, todo sea dicho, apenas cambió nada para el sherry -el auténtico y el sucedáneo-, pues el abandono definitivo de los falsos sherries británicos no se produciría hasta principios de la década de los noventa en el marco de las negociaciones bilaterales entre Reino Unido y España para la integración europea y la armonización fiscal consagradas por el Tratado de Maastricht.

Todo a su tiempo. Cuenta Juan Luis Bretón que los bodegueros de Jerez que tenían negocios por entonces en Londres cayeron en la cuenta de la posibilidad de ampliar la protección de sus intereses después de conocer el resultado del pleito planteado por Champagne contra Costa Brava Wine Co. Ltd., importadora de un espumoso español de la familia Perelada que se comercializaba en Reino Unido con el nombre 'Spanish Champagne'.

A la vista del éxito de los franceses, que "le saltaron al cuello a los Perelada" para lograr en los tribunales a principios de los sesenta la prohibición de la importación y comercialización del espumoso español, los vinateros jerezanos decidieron probar fortuna después de que José Fernández Villaverde y Roca de Togoresel, marqués de Santa Cruz y embajador español en Londres, pusiera en su conocimiento el fallo del 'Champagne case'.

Los jerifaltes de Williams & Humbert, Mackenzie, González Byass y Domecq fracasaron en un primer intento en el que requirieron, por las buenas, a los británicos para abandonaran el uso del término 'sherry'. La respuesta fue contundente: "Absténganse de ahora en adelante de molestarnos". El sherry y el oporto gozaban, y lo siguen haciendo, de gran predicamento entre los consumidores ingleses por el 'veto' a los vinos franceses dadas sus malas relaciones.

Pese al precedente francés, las acciones legales emprendidas por los bodegueros de Jerez para dar jaque al 'british sherry' estaban condenadas al fracaso, pero los importadores británicos pecaron de orgullo al querer y pidieron la revancha. La partida acabó en tablas.

El premio para los ingleses fue el reconocimiento del derecho a mantener el status quo del 'british sherry' y resto de sucedáneos del sherry, que podrían seguir elaborando y comercializando como hasta entonces y con total impunidad.

Los exportadores jerezanos debían abstenerse, además, de volver a recurrir a la Justicia para suprimir el derecho adquirido tanto de los demandantes como del resto de la industria local del 'bistish sherry'.

El accésit para los españoles establecía la prohibición del uso de 'sherry' vinculado a cualquier otro producto que no estuviera ya en el mercado, pues la sentencia del juez Cross reconocía que el nombre 'sherry' no era una traducción al inglés de 'jerez', sino que derivaba del nombre árabe de la ciudad en época musulmana.

Es decir, la sentencia admitía que 'sherry' es una denominación geográfica y no un nombre genérico como defendían los ingleses, por lo que, a partir de ese momento, el término 'sherry' a secas quedaba reservado para uso exclusivo de los vinos elaborados en Jerez.

En este punto, Bretón subraya la contribución excepcional del profesor madrileño y arabista, jaime Oliver Asín, un "ratón de biblioteca" y uno de los 34 testigos de la parte jerezana que declararon en el caso que aportó el famoso mapa del cartógrafo musulmán Al-Idrisi que permitió demostrar el origen árabe del nombre 'sherry'.

El mapa en cuestión, fechado en 1154 y que se conserva en Oxford, fue una prueba contundente para demostrar que Sherry no deriva de Jerez, sino de Seris o Sheris, nombre con el que aparece la ciudad en el mapa.

La defensa aportó la prueba irrefutable durante la vista oral celebrada en la Alta Corte de Londres entre febrero y marzo de 1967. Pero el juicio tuvo un anticipo singular un año antes, el interrogatorio previo a Manuel María González Gordon que el juez Cross accedió a celebrar en González Byass en atención a la avanzada edad del bodeguero, que por entonces contaba con 82 años de edad.

González Gordon, uno de los testigos estrella del caso por sus amplios conocimientos sobre el jerez, contestó pacientemente en la sala de vistas habilitada en la bodega siguiendo las instrucciones del juez Cross a las 638 preguntas del interrogatorio. El mismo corrió a cargo John Joseph Triay, funcionario de Justicia destinado en Gibraltar y emisario del juez Cross para el cometido, en el que también estuvieron presentes Robert Kieling, abogado contratado por los exportadores jerezanos, y su pasante David Kills, cuya vida laboral quedó marcada por el 'sherry case', hasta el punto de ser reconocido como uno de los mayores expertos del mundo en la actualidad en cuestiones que atañen a las denominaciones de origen.

González Byass dedicó una placa a aquella sesión extraordinaria del pleito del 'british sherry' en la que ocurrió algo inaudito. Pasadas unas horas del inicio del interrogatorio, cuando aún no se habían completado ni la mitad de las preguntas, el juez Triay preguntó a González Gordon si quería descansar. Éste rehusó la invitación, pero le pidió permiso para tomar una copa de jerez como acostumbraba a hacer a esa hora todos los días. El instructor accedió y después de apretar el bodeguero un botón, aparecieron en la sala camareros con chaquetas blancas para servir una copa de fino a todos los asistentes. Años después, con motivo de una visita a Jerez, el juez Triay admitió que en aquel momento entendió que el sherry era de Jerez.

Tras la sentencia del juez Cross, el 'british sherry' y el sherry a secas de Jerez convivieron durante décadas, pues incluso con la entrada de Reino Unido en la primera ampliación de la Comunidad Económica Europea en 1973, los británicos preservaron el uso del 'british sherry' tras renunciar a elaborar otros sucedáneos, entre ellos de los vinos de rioja.

Así continuó hasta los años ochenta, cuando le llega el turno de entra en la CE a España. El presidente por entonces Felipe González celebró un encuentro previo con empresarios, Preguntado sobre el agravio del 'british sherry' por Juan Luis Bretón, el presidente vinculó la posible solución al principio Do tu des -doy para que me des-, dejando entrever que para su abandono habría que recurrir al trueque.

Este no llegó, y el artículo 129 del Tratado de Adhesión de España prolonga la situación hasta el 31 de diciembre de 1995, estableciendo que en el curso de ese año se revisaría teniendo en cuenta los intereses de la partes afectadas.

Ahí quedó la cosa hasta que en 1992 intervino Rafael Coloma, que a la postre sería presidente del Consejo Regulador del jerez, encargado por entonces de la defensa de los intereses de las bodegas asociadas a Fedejerez. El hábil Coloma fue el artífice del acuerdo que puso la puntilla al 'british sherry', al que los británicos renunciaron finalmente en un encuentro bilateral con responsables del gobierno español a a cambio de que levantaran su veto a la armonización fiscal de la nueva Europa.