La respuesta de la Junta de Andalucía al anuncio de Saint-Gobain Vicasa de clausurar de forma "inminente" la fábrica de botellas de Jerez ha sido inequívoca. El Gobierno andaluz "no va a aprobar" decisiones "unilaterales" de la multinacional francesa, aunque de momento ha negado tener noticias de la voluntad de la empresa hecha pública el pasado sábado por el comité de la factoría jerezana. Según declaró ayer a los periodistas el consejero de Empleo, Antonio Fernández, "a la Junta no ha llegado aún ningún expediente de regulación relativo a la factoría, aunque lo que se le ha trasladado a los trabajadores no se basa en argumentos suficientes, salvo que los números demuestren lo contrario, como para dar el visto bueno a ningún plan de regulación de empleo". "No habrá en ningún caso -insistió el consejero jerezano- aprobación de medida alguna de Vicasa si pretende que sea unilateral". Y apuntó, acto seguido, que "la metodología de la Junta es la propuesta conjunta con el comité de empresa y el acuerdo que alcancen las partes en la relación con la viabilidad de las empresas". En última instancia, Fernández recordó que la compañía tiene unas "relaciones importantes" con el Ayuntamiento jerezano que pasan por el traslado, previo convenio urbanístico y recalificación de la actual parcela que ocupa la industria en el centro, a unas instalaciones enclavadas en las afueras de la ciudad, "y vamos a exigir ese cumplimiento".

Casi a la misma hora, la alcaldesa Pilar Sánchez ofreció una rueda de prensa para reafirmar la postura del Consistorio jerezano ante el conflicto y avanzó, ante su encuentro con la dirección de Vicasa previsto para mañana, que "daremos batalla contra el cierre de la fábrica". "Ni tiramos la toalla, ni damos por perdida Vicasa, un cierre que supondría un fraude a los esfuerzos realizados por los trabajadores y el Ayuntamiento para mantener la actividad y el empleo", recalcó la regidora socialista, antes de sostener que "no me cabe duda de que la Junta se sumará a este objetivo compartido, para el que pido unidad a todos los grupos políticos ya que la confrontación beneficia a los planes de la multinacional".

En este punto, tras la petición del PP de modificar ya el PGOU para devolver a los suelos de la fábrica de botellas su uso industrial, Sánchez dijo que "ahora no es el momento, ese será el último paso y quedan muchos por delante, pues ahora hay que luchar para que la empresa cumpla con sus compromisos, negociar y tratar de que Vicasa rectifique una decisión injusta e injustificada". Sea como fuere, la alcaldesa indicó que precisamente el convenio urbanístico "sigue siendo el principal instrumento de presión que tiene Vicasa sobre la mesa para que no materialice el cierre". "Es o todo, o nada; el convenio, inscrito incluso en el registro de la propiedad, establece clarísimamente que los desarrollos urbanísticos de los actuales terrenos -112.000 metros cuadrados- están supeditados al mantenimiento del empleo industrial", especificó, por lo que en este asunto "no hay término medio, y así se lo vamos a recordar a la empresa".

Tras subrayar que el Ayuntamiento "siempre va a estar de lado de los trabajadores", Sánchez no ocultó el "cabreo" con la dueña de la planta de ronda de los Alunados, ya que "nos parece poco seria su postura". "No tiene ningún sentido el cierre de una fábrica que es rentable, que puede serlo mucho más rentable y que le debe mucho a esta ciudad", aseveró, después de admitir que en un contacto telefónico mantenido la pasada semana con la multinacional "no me dieron justificación alguna para el cierre".

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, que ha comandado en los dos últimos años la parte municipal en las negociaciones para la continuidad de Vicasa en Jerez, negó sentirse "especialmente traicionado" porque "sólo espero que se cumpla lo acordado". Aquí, la alcaldesa recordó que "cuando la empresa comenzó a dar síntomas de agotamiento en la ciudad, no pusimos a trabajar para ofrecer soluciones; de nosotros ya no pueden esperar más beneficio, no sé si esperan algo más de la Junta". "No entiendo la decisión, no la entiende nadie", ultimó contrariada.