Cuando la huelga de basura roza los veinte días de paros y las bolsas de residuos orgánicos siguen amontonándose en la calle, la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, mantuvo ayer que en Jerez "no hay peligro para la salud". Durante un acto en Almería, la consejera dijo que "los técnicos hacen todos los días el seguimiento de la huelga porque es nuestra obligación velar por la salud pública. Esto no es un tema político, sino eminentemente técnico y son ellos, los técnicos, los que, atendiendo a procedimientos establecidos y vectores determinados, establecen cuándo hay peligro". Montero añadió que desde el inicio de la huelga se ha "monitorizado estrechamente" la ciudad, y "hasta el momento, no hay peligro para la salud". "No sabemos cuáles son los informes de Ayuntamiento, pero tenemos que entender que son informes medioambientales y no de salud pública, porque esos los hacemos nosotros", concluyó la consejera.

Tras estas palabras, la reacción del gobierno local no se hizo esperar y el primer teniente de Alcalde, Antonio Saldaña, invitó a la consejera a comprobar in situ "si hay peligro para la salud" tras acumularse en las calles más de 3.300 toneladas de basura. Saldaña pidió a Montero que "venga a Jerez y se dé un paseo por las calles de la ciudad y le pregunte a los jerezanos si hay o no riesgo para la salud".

Así, mientras que desde la Junta mantienen que no hay peligro para la ciudadanía, el Ayuntamiento presentó en el Juzgado de Guardia la denuncia con los informes que avalan las medidas tomadas por el gobierno local durante el fin de semana. Saldaña, acompañado por la delegada de Medio Ambiente, Felisa Rosado, adjuntó el documento jurídico donde se pone de manifiesto que con la contratación de Tragsa para la retirada de basura, el gobierno local "no ha vulnerado, en ningún momento, el derecho a la huelga de los trabajadores. Mientras que en el informe sanitario se pone de manifiesto los peligros que existen para la salud pública por la acumulación de residuos en las calles".

A pesar de que ayer no actuó Tragsa, el operativo con esta empresa "está en marcha. El gobierno tiene el deber moral de dar respuesta a los ciudadanos y anteponer todo de cara a preservar la salud pública. No podíamos estar de brazos cruzados con tres millones de kilos de basura en la calle", dijo Saldaña.

En la denuncia presentada en el Juzgado de Guardia se relata que "a raíz del auto del TSJA, se ha recogido más basura que en los primeros días, pero lejos del 50% establecido, pues ha habido algún acto de sabotaje, por un lado, y por otro, los trabajadores no han realizado sus tareas al ritmo necesario para el cumplimiento del tal porcentaje". El documento recoge que el equipo de gobierno "ha procedido a adoptar las medidas que ha considerado legalmente pertinentes y materialmente proporcionadas para paliar en lo posible la producción de daños". Asimismo, se insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que "mientras permanezca el riesgo grave para la salud pública y el incumplimiento de los servicios mínimos por parte de la concesionaria, siga retirando los residuos". La denuncia relata además los hechos acontecidos en la madrugada del pasado domingo cuando la previsión de recogida de residuos "no fue posible debido a la actuación de un grupo de trabajadores declarados en huelga que protagonizaron actos de sabotaje materializados en intensos daños en los camiones y equipos desplazados por Tragsa, y lo que es más grave, en agresiones personales que han producido lesiones a un empleado de ésta".

En el informe técnico realizado por técnicos municipales se especifica que en los primeros 15 días de huelga se recogieron sólo un 19,8% del total, habiendo en la calle 3.309.280 kilos de basura con el consiguiente "riesgo para la salud de la población por posible contaminación del agua del alcantarillado, proliferación de artrópodos y roedores, entre otros". Ante esta tesitura, los técnicos consideran que las epidemias "se propagan con mucha rapidez y las medidas de higiene deben ser bastante eficientes de cara a la protección y prevención de la salud", teniendo como conclusión que "desde el punto de vista de la salud pública, el grado de crear un estado de alerta epidemiológica es elevadísimo".