El PTA de jerez en números rojos | visto bueno al plan de viabilidad

La Junta se desentiende del plan de viabilidad para el parque tecnológico

  • La junta general de accionistas del PTA insta al consejo de administración a solicitar el preconcurso por su situación de insolvencia El gobierno local acusa de "deslealtad" al Gobierno andaluz, socio del parque, al ausentarse de la reunión

Los accionistas del Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA de Jerez) acordaron ayer en junta general extraordinaria instar al consejo de administración a que solicite el preconcurso de acreedores, medida prevista en el plan de viabilidad que se pondrá igualmente en marcha con el visto bueno de los inversores para salvar la situación de insolvencia del parque, que el Ayuntamiento considera coyuntural.

La decisión contó con el apoyo mayoritario de los accionistas -el gobierno local cuenta con un 51% de la participación de la sociedad gestora del PTA- en ausencia de los socios de la Junta -los representantes de las agencias Idea y Agapa que ostentan el 39% de las acciones- y del representante del PSOE en el consejo de administración, el concejal socialista Luis Flor.

El gobierno local emitió un comunicado al término de la reunión en la que crítica duramente la ausencia de los representantes de la Junta y del PSOE, a los que acusa de "deslealtad institucional" y de "dar la espalda" al parque tecnológico, de cuya situación económica actual corresponsabiliza al anterior gobierno socialista, liderado por la ex alcaldesa Pilar Sánchez.

La ausencia de los representantes de la Junta y el PSOE sorprende más si cabe al ejecutivo local después de que, según asegura en la nota, los representantes de la Junta han sido partícipes de las reuniones mantenidas este verano y en las que se acordó el proceso finalmente emprendido. "Fue precisamente en las reuniones mantenidas este verano con representantes de la Administración autonómica para analizar la situación del parque en las que se acordó de forma consensuada llevar a cabo el plan de viabilidad y convocar una junta general de accionistas" -la celebrada ayer para aprobar el plan de viabilidad e instar a la solicitud del preconcurso-, señala la nota, en la que se asegura que el portavoz socialista Luis Flor "estaba al tanto de las conversaciones, que también vio con buenos ojos".

El gobierno del PP apunta que los actuales problemas económicos emanan de la actividad inmobiliaria desarrollada por la sociedad gestora del parque por decisión del gobierno local socialista, en concreto del contenedor de empresas agroalimentarias y del Centro Tecnológico del Vino por los que el Ministerio de Economía reclama la devolución de subvenciones públicas al no haberse completado la ejecución de las obras o no haberse respetado el uso inicialmente previsto.

En este punto, el PP significa que "hay que separar la gestión de la sociedad de la actividad inmobiliaria derivada del anterior gobierno y que ha supuesto un lastre para la sociedad, por mucho que el PSOE no quiera hablar de herencia, dejando dos edificios como el contenedor de empresas y el Centro Tecnológico del Vino sin terminar y sin posibilidad de explotación".

Mientras que el plan de viabilidad y el preconcurso se plantean como una posible solución para desbloquear el Centro Tecnológico del Vino, el contenedor de empresas es un caso perdido por el que habrá que reembolsar cerca de siete millones de euros de subvenciones. El gobierno local recuerda en este sentido que ya puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades cometidas en las obras de construcción del contenedor de empresas, de las que se hace eco el informe de la Intervención General del Estado, y que corresponden a los ejercicios de 2009 y 2010, es decir, en la anterior etapa del gobierno socialista.

Entre dichas irregularidades, el gobierno local del PP se hace eco en su comunicado de que el informe revela que el anuncio de licitación del contenedor de empresas no se publicó en el BOE, ni en la Plataforma de Contratación del Estado ni en el perfil del contratante. El escrito también señala que de haberse adjudicado correctamente las obras, el ahorro en su construcción superaría con creces el medio millón de euros.

El ejecutivo local recuerda igualmente que pese a que el gobierno de Pilar Sánchez pidió una subvención de 13,5 millones de euros para el contenedor de empresas en tres anualidades, finalmente sólo le concedieron siete millones para 2009 y 2010. Sin embargo, explica la nota informativa, en lugar de adaptarse el proyecto al importe de las subvenciones, se ejecutó el proyecto inicial, dejando el edificio sin acabar -la sociedad del parque tendría que haber aportado la diferencia y no hubo disponibilidad presupuestaria- y, por tanto, se incumplió la finalidad de la ayuda".

"Como consecuencia de todo esto, la intervención emitió un informe en el que pide al parque el reintegro de 6,3 millones de euros", prosigue el comunicado de prensa, en el que se detalla que "el actual gobierno local ha hecho las alegaciones oportunas al ser éste uno más de los problemas heredados del anterior gobierno del PSOE".

El ejecutivo del PP pide responsabilidad a la Junta frente a dificultades económicas del parque, agravadas además por los impagos de la propia Administración autonómica, a la que reclama su deuda pendiente con la sociedad gestora del PTA de 1,2 millones de euros -la mitad correspondiente a la financiación basal de los años 2011 y 2012, y la otra mitad de unas ayudas para infraestructuras del ejercicio 2008-.

A los impagos se une la supresión de las ayudas destinadas a financiar el funcionamiento ordinario de los parques tecnológicos andaluces, que según el comunicado del gobierno local, no han recibido ninguna aportación en los dos últimos años por este concepto al haber eliminado la Junta de Andalucía esta línea de sus presupuestos.

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