Luis Cruz, ex gerente de la GMU, declaró ayer en la Audiencia. Lo hizo ante el magistrado Ignacio Bermúdez, que preside el juicio en compañía de sus compañeros Carmen Castrillón y Rafael Lope. Los catorce años que han pasado desde que se desalojó a los arrendatarios de los huertos de ocio de San José Obrero y los quince años que hace que se adoptaron algunas decisiones pesan como una losa sobre un juicio en el que comienzan a abrirse grandes interrogantes. La principal, al menos a juicio de quien esto escribe, radica en el hecho de que no hayan sido citadas a declarar personas con una importancia capital en el proceso, cual sería el caso de los técnicos que redactaron los convenios que derivaron en el cambio de los terrenos por un edificio en la antigua calle Colón, o altos cargos de la Gerencia en dicha época (años 2003 a 2005).

Luis Cruz vino a decir lo que ha dicho desde el principio: que firmaba lo que le ponían por delante porque tenía la máxima confianza en personas tales como el secretario general de la Gerencia y en el equipo jurídico. Negó que hubiese firmado documento alguno de motu proprio. Es más, llegó a señalar que una de las máximas que recibió fue la de no rubricar nada que antes no pasara por los citados servicios. Profesor mercantil de profesión, Luis Cruz mostró un perfil de hombre de números, más de gestor y administrador que de jurista y urbanista, actividades estas dos últimas para las que no tenía formación alguna. "No hace falta que sepas de urbanismo, que de urbanismo ya sabemos nosotros. Todo lo que tú veas ya lo habré visto yo antes", le dijo el secretario de la GMU, un hombre del que todos hablan maravillas pero que desgraciadamente ya ha fallecido.

Las grandes decisiones, vino a señalar Cruz de Sola al tribunal, no las tomaba él sino los políticos, ya fuera el concejal de Urbanismo, el alcalde o alcaldesa o el presidente de la Gerencia. Recordó lo "muy duros" que fueron los años del pacto de gobierno entre Pacheco y la socialista Pilar Sánchez porque "si él decía una cosa ella hacía otra". Hizo especial hincapié el ex gerente de la GMU en que los documentos de esta institución "exigían muchos vistos buenos y que era él, al final, quien debía firmarlos porque tenía tal obligación". Reconoció que tuvo que firmar asuntos que no le hicieron precisamente feliz, como fueron desalojos de familias y clausuras de negocios y hasta de iglesias. "No era precisamente agradable, pero repito que todo venía con sus correspondientes informes jurídicos" y a este respecto recordó que "el desalojo (de los huertos de ocio) también contó incluso con el visto bueno del consejo de la GMU". "Yo tenía plena confianza en las personas que trabajaban en la Gerencia", sentenció.

El fiscal le preguntó cómo era posible que en enero de 2003, un año antes de los desalojos, ya emitiera un aviso. A ello respondió que "debe haber un papel con un informe jurídico señalando que había que enviar esta solicitud".

Un hecho especialmente curioso fue que el ex gerente reconoció que nadie le avisó de que hubiese una permuta (cambiar los terrenos por un edificio) así como que tampoco le constaba que hubiera un acuerdo para ocultar la misma y señaló que visitó el edificio en cuestión, "que no estaba muy mal pero había que echarle encima un dinero". Valga recordar que dicho edificio, catalogado como singular, estaba considerado como el mejor escritorio de las bodegas de Jerez, todo él revestido en mármol y con un diseño realmente atractivo en forma oval. Compartió también con Pacheco el hecho de que "la zona se estaba degradando y había que intervenir en ella".

Sobre su labor como coordinador de la Gerencia dijo que "la GMU, por sus dimensiones, era un monstruo" y confesó que hubo departamentos en los que no entró. "Mi responsabilidad era que aquello funcionara y no podía ser yo quien frenara la gestión".

A preguntas de su abogado, Jesús Salido, el acusado destacó que asistía a los consejos y que en los mismos tenía voz pero no voto. Ni siquiera las actas de sus reuniones le eran remitidas. "Pese a todo en pocas ocasiones hablé", señaló, para añadir poco después, de nuevo, que todo lo que le llegaba provenía de la secretaría de la GMU.

Antes que Cruz prestó declaración el letrado municipal Oscar Real, que está acusado tan sólo por la acusación particular no habiendo visto la Fiscalía delito alguno en su comportamiento. En su declaración dijo, literalmente, que empezó a enterarse de la famosa permuta "cuando empezó este procedimiento". Su participación en los hechos radica en que resolvía los recursos. "Resolví dos. Otros compañeros resolvieron otros", dijo.

De otro lado, a partir de la sesión de hoy comenzarán a declarar los testigos aportados por las acusaciones. Le tocará el turno a las personas que tuvieron arrendados los huertos.