“Dése traslado de las presentes diligencias al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de diez días, solicite la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa”. Esta frase incluida en la disposición final del auto suscrito por la juez instructora de la querella de Pacheco contra Sánchez tiene su miga. Como es sabido, el exalcalde y su abogado defensor han denunciado una y otra vez el peculiar proceder de la Fiscalía en la guerra de los asesores del Ayuntamiento, ya que mientras que en la denuncia que Sánchez presentó contra él en Anticorrupción el Ministerio Fiscal ha mostrado “una gran diligencia”, en la causa abierta inmediatamente después por el exalcalde contra la socialista “la ausencia de acusación pública en nuestro mandante es total y absoluta”, tal y como llegó a reconocer con franqueza el letrado de Pacheco, Felipe Meléndez. La Fiscalía, cuya laxitud en esta querella queda constatada a juicio de la parte denunciante en el hecho de que en un año y medio de instrucción la única actuación fuese la declaración de Sánchez o en que el fiscal apenas formulase preguntas en los interrogatorios de los imputados, tiene ahora que calificar estos hechos sobre los que la juez ha ordenado la apertura de juicio oral. Si a Pacheco le ha podido parecer desproporcionada la petición por parte de la Fiscalía de 17 años de prisión por sus dos supuestas contrataciones ilegales (un año y medio más que la pena que Fiscalía solicitó esta misma semana para el presunto asesino de Las Tablas), habrá que ver cuánto reclama ahora para Sánchez por los cinco supuestos casos de enchufismo.