El mismo día, a la misma hora y el mismo acto. Bajo esta consigna, Asaja-Andalucía anunció ayer la convocatoria de movilizaciones el próximo 10 de marzo -salvo cambio de última hora- en todas las provincias andaluzas ante los reiterados "incumplimientos" de la Administración central y la autonómica, así como su "inacción" ante la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se cocina en estos momentos en Europa y que regirá a partir de 2013. En la provincia de Cádiz, las protestas, en formato tractorada, como el resto, se repartirán entre zonas urbanas y rurales para abarcar todas las comarcas.

Los agricultores y ganaderos andaluces vuelven a estar contra las cuerdas y el plazo de reacción del Ejecutivo central y el Gobierno andaluz para dar respuesta a los muchos problemas que acumula el sector se agota, explicó Serra en rueda de prensa, en la que puntualizó que como "hay elecciones a la vista, nadie quiere hablar de esto", pero "después de las elecciones será tarde".

El 22 de mayo se presenta como fecha límite para la defensa de los intereses del campo andaluz, y el español por extensión, por lo que el presidente de Asaja-Andalucía y de Asaja-Sevilla etiquetó las movilizaciones como un "toque de atención" para que "no abandonen al sector a su suerte", como hasta ahora.

Serra compareció junto a la cúpula regional de la organización agraria -el director y el secretario general andaluces y los presidentes o vicepresidentes de las ocho provincias- momentos antes de la celebración de la asamblea general de la organización agraria en el Centro de Innovación y Tecnología Empresarial Agraria (Citea), la nueva sede de Asaja-Cádiz en el parque tecnológico de Jerez que se convirtió ayer en base de operaciones de la patronal agraria andaluza.

"Las movilizaciones se sabe como empiezan, pero no como acaban", señaló Serra en alusión a que la tractorada del 10 de marzo será el principio de un calendario más amplio de protestas si no da pie a una reacción de las Administraciones, a las que básicamente reclaman que salden sus deudas -la de los planes de choque prometidos por José Luis Rodríguez Zapatero hace un año y el posterior anunciado por su homólogo andaluz, José Antonio Griñán, frente a la ya larga crisis del sector y de los que sólo han visto migajas- y que se introduzcan los criterios de discriminación de las ayudas de la PAC para impedir que la agricultura andaluza pierda más de la mitad de los 1.600 millones que recibe de las arcas comunitarias.

Según Serra, "existe un riesgo importante de que se pierdan mil millones ante la hipotética implantación de la ayuda plana", principio del "café para todos" por el que se suprimen los derechos históricos de los beneficiarios sobre el que el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, planteó inicialmente la reforma de la PAC y que terminará por implantarse si los gobiernos español y andaluz siguen sin reaccionar.

En este sentido, el presidente de Asaja-Andalucía recordó que los criterios para un reparto discriminatorio de las ayudas dentro del Estado Miembro "tenían que estar cerrados en enero", pero se ha demorado, aunque en Bruselas se sigue trabajando en la reforma, por lo que "no podemos esperar a después de las elecciones porque los plazos son para ayer".