PSOE y Ganemos siguen adelante con su pretensión de llevar al Juzgado el contrato que el Ayuntamiento firmó en 2015 con la consultora Deloitte para que asumiera la defensa ante las demandas presentadas por los afectados del ERE municipal. Sus votos bastaron para que la comisión de auditoría y transparencia aprobara la petición de un nuevo informe jurídico para determinar si hay argumentos para que la Justicia investigue la adjudicación.

Ahora bien, este paso no cuenta con el apoyo del restos de grupos. Ciudadanos e Izquierda Unida optaron por la abstención mientras que el PP, la formación que gobernaba en el momento de la contratación, votó en contra como era de esperar. La propuesta salió adelante por cinco votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. 

El informe sobre las "posibles acciones legales", según lo apuntado por el gobierno, se encargará al bufete de Ernesto Sanguino, que tiene encomendada la representación jurídica del Ayuntamiento. Este despacho de abogados ya se pronunció sobre esta adjudicación señalando que el procedimiento seguido incumplía la Ley de Contratos del Sector Público, una opinión que también comparte el interventor municipal Juan Raya. 

Sin embargo, antes de estos pronunciamientos, el bufete Martínez Escribano, al que se le encargó un primer informe sobre la adjudicación a la consultora en 2015, avaló el procedimiento señalando que era lógico que lo llevara a cabo pues ya había asesorado al Ayuntamiento en la elaboración del despido colectivo realizado en 2012 y lo había defendido tanto en el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) como en el Supremo. 

En un comunicado, el gobierno local señaló que hay "dos informes" que señalan que "el procedimiento seguido [...] no fue el correcto ya que no se respetaron los principios de publicidad y transparencia". En cambio, obvia en este escrito la existencia del primer informe. Horas más tarde, el PSOE incidía en su perfil de redes sociales en su intención de denunciar la adjudicación: "Llegaremos hasta el final para esclarecer los hechos". Asimismo emitía un comunicado donde volvió a exigir al PP que aclare "las dudas que existen sobre una adjudicación que la Justicia determinará si incurrió en ilegalidades".

En este sentido, el PSOE quiso sembrar más dudas sobre el procedimiento de adjudicación reprochándose que ni la entonces alcaldesa, María José García-Pelayo, ni el entonces primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, asistieran a la junta de gobierno donde se aprobó la contratación en 2015. 

En cambio, Ciudadanos e Izquierda Unida justificaron su abstención en la comisión precisamente en las conclusiones contrapuestas a las que han llegado los dos bufetes de abogados que han analizado el contrato. De hecho, al finalizar la reunión IU emitió un comunicado donde su portavoz, Raúl Ruiz-Berdejo, cargaba contra PSOE y Ganemos, aunque sin citarlos, a los que acusaba de tratar de "hacer política y campaña electoral en los Juzgados". 

En este sentido se mostraba contrario a judicializar este asunto ya que no ve motivos de peso para ello. Ruiz-Berdejo lo justificaba : "De existir indicios claros de corrupción en la contratación de Deloitte por parte del PP no hubieran dudado ni un segundo en poner la demanda correspondiente; pero en este caso no se trata sino de una cuestión interpretativa con respecto a si el procedimiento de contratación utilizado fue el adecuado o no, algo que queda patente ante el hecho de que existen distintos informes, tanto internos como externos, que se pronuncian en un sentido y el contrario". 

Por ello, apuntó que su formación no es partidaria "de judicializar la actividad administrativa del Ayuntamiento". "Los juzgados están para cuando verdaderamente existen indicios de delito o corrupción y no para ser usados por las organizaciones políticas en función de sus intereses partidistas o electorales", añadió. 

Más duro se mostró el PP que acusó a PSOE y Ganemos de promover "un circo ridículo" y de "usar dinero público para intentar desprestigiar" a esta formación "en un asunto que no presenta irregularidad alguna". Le reprochó, además, que se lo encargue al despacho de Ernesto Sanguino. El concejal Jaime Espinar señaló que en la reunión se corroboró que "el procedimiento fue absolutamente ajustado a derecho, tal y como dictaminaron en su día los técnicos municipales, la Junta de Andalucía y el Tribunal de Cuentas". 

La próxima pugna, la liquidación de Ajemsa

Por otro lado, la comisión de auditoría y transparencia analizó otro informe elaborado por este despacho sobre la pérdida de documentación que ha impedido la liquidación la empresa municipal Aguas de Jerez (Ajemsa). La próxima semana volverá a reunirse este órgano para abordar este asunto ya que, según el gobierno, podría haber "responsabilidades" del anterior gobierno del PP por "recibir los activos y pasivos de la sociedad sin soporte contable y, por tanto, sin tener la seguridad de que los activos y pasivos entregados fueran los correctos"

Ajemsa dejó de estar operativa en 2014 cuando la gestión integral del agua pasó a manos de una empresa concesionaria. Sin embargo, cinco años después no se ha podido liquidar debido a la falta de documentación sobre su situación contable en el momento del cese de su actividad.