La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo una de las mayores actuaciones contra el urbanismo ilegal en Andalucía en tres parcelaciones en suelo rústico en Los Garciagos, junto al Circuito de Velocidad y la urbanización Montecastillo. En concreto, se han paralizado parcelaciones en las fincas denominadas Jerezana de Porsch, finca la Jerezana la Micaela y Eco Rural el Manzano Jerezano, formadas por 31, 23 y 71 lotes o subparcelas en las que con una inusitada rapidez se estaban instalando viviendas sin licencia.

A la operación, coordinada por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha asistido personal de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con competencias en materia de aguas, vertidos y pozos ilegales, y personal de las compañías suministradoras (Endesa y Aquajerez) para cortar suministros ilegales. Todos ellos, acompañados de la Policía Autonómica, Guardia Civil y Policía local de Jerez.

La Junta de Andalucía ha informado en un comunicado que en los últimos meses se habían instalado en estos terrenos rústicos más de 80 edificaciones ilegales, en su mayor parte prefabricadas, hecho que provocó una incidencia directa en el sistema de asentamientos. Esta circunstancia ha motivado la intervención urgente de la Junta y la adopción de medidas cautelares de precinto para garantizar la suspensión inmediata de las obras y usos ilegales.

La Consejería detalla que la reciente transformación territorial del paraje no es apreciable en las ortofotos ni en las imágenes satélites disponibles debido a la “rápida actuación del parcelador”. La zona, que estaba originalmente en estado seminatural con matorral y arbolado disperso, se ha transformado de manera integral mediante movimientos de tierra, nivelación y compactación del terreno, trazado de viarios y divisiones interiores de manera sucesiva y simultánea, en decenas de lotes con tamaños y formas similares que oscilan entre los 200 y 700 metros cuadrados de superficie.

La Guardia Civil detectó las primeras instalaciones de viviendas prefabricadas, caravanas, contenedores y piscinas en un dispositivo conjunto de vuelo del dron de la inspección de la Junta de Andalucía y el Paprona (Patrullas de Protección de la Naturaleza) realizado el pasado mes de noviembre, en el que se constató el alcance territorial del proceso parcelador con la existencia de nuevas obras de urbanización, segregaciones, concentración de edificaciones y una amplia diversidad de ocupaciones que, en muy corto plazo, han colmatando el área.

Los precintos practicados prohíben el acceso a las parcelas a sus propietarios y su rotura faculta a la Administración Autonómica a imponer sucesivas multas coercitivas de hasta 5.000 euros cada una por periodos de diez días, además del correspondiente traslado a Fiscalía por delito de desobediencia.

Con carácter previo a la práctica de precintos, el administrador de la sociedad y todos los propietarios conocidos por la administración fueron citados a pie de parcela, donde han sido informados de la medida adoptada y de las consecuencias de su incumplimiento. Del mismo modo, con carácter previo al operativo se colocaron diligencias informativas en el lugar de los hechos.

Además del procedimiento de restablecimiento de la legalidad (encaminado a la reposición de los terrenos a su estado originario), la Junta de Andalucía ya ha iniciado procedimientos sancionadores contra los responsables identificados por más de 1,2 millones de euros. Simultáneamente, la Inspección Autonómica viene realizando las actuaciones de investigación oportunas mediante solicitudes de información al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Catastro, notarías etc, en búsqueda de otros posibles responsables.

En algunas parcelas ya se han instalado viviendas.

De conformidad con el artículo 166 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) en caso de parcelaciones urbanísticas serán sancionados además de la persona propietaria inicial de los terrenos, que se lucra mediante la venta de cuotas de suelo rústico, todos aquellos que cooperen en el ejercicio de sus profesiones con un acto sin el cual no se habría realizado, y los adquirentes en proporción a la participación de uso, cuota o participación adquirida. Al mismo tiempo, las actuaciones urbanísticas detectadas pueden suponer delitos sobre la ordenación del territorio y urbanismo, circunstancia que ha motivado la coordinación de las actuaciones con la Fiscalía especializada en estos delitos.

Desde la Consejería de Fomento se insiste en el problema social, ambiental y territorial que suponen las parcelaciones en suelo rústico, infracción territorial calificada en la ley como muy grave, y para la que la Administración Autonómica cuenta con competencia directa para actuar tras la entrada en vigor de la ley Lista.

Las parcelaciones ilegales se han materializado mediante sociedades interpuestas, la última de ellas formalizada en noviembre de 2022. Se trata de un mecanismo de ingeniería jurídica utilizado de manera fraudulenta para dar cobertura a la venta ilegal (a través de participaciones sociales) de parcelas de suelo rústico que no cumplen la unidad mínima de cultivo, todo ello con una evidente finalidad urbanística.

El interior de cada una de las tres grandes parcelaciones, se ha rodeado por una gran malla metálica, accediéndose a su interior por un portón de acceso. En su interior se han construido caminos que dan acceso a cada uno de los lotes o subparcelas en los que los distintos compradores o socios instalan y construyen sus edificaciones ilegales. Todo ello, acompañado de enganches ilegales de luz, captaciones y vertidos no autorizados de agua que generan un gran impacto medioambiental, además de problemas de seguridad.

Los precintos practicados por los inspectores de la Junta suponen la ejecución de las medidas provisionales acordadas en el marco del procedimiento y persiguen que las medidas de disciplina puedan resultar eficaces, paralizando estos usos ilegales del territorio y las obras en curso. Además, se procura evitar el efecto llamada y que otras personas sigan invirtiendo en construcciones ilegales que probablemente sean objeto de una orden de demolición, con las consecuencias administrativas e incluso penales de la actuación.