Pilar Sánchez negó ayer que perpetrara delito alguno cuando decidió tomar fondos destinados a obras que tenían por objetivo fomentar el empleo (Plan E) y lo utilizó para pagar nóminas. Defendió la ex alcaldesa socialista de la ciudad que “el decreto decía que si se usaba para otro fin público se debería reponer”, que así lo entendió de los informes del interventor y el tesorero. Sánchez, que se enfrenta a una petición de cárcel de uno a tres años en el Juzgado de lo Penal número 3 por el caso conocido como ‘desvío de fondos’, fue gráfica al asegurar al tribunal que “yo no me levanté un día y dije voy a gastarme el Plan E en nóminas”. Las palabras “fuerza mayor” estuvieron varias veces en boca de la ex regidora que, en no pocas ocasiones, destacó también que “la primera obligación según la Ley de Bases de Régimen Local en la prelación de pagos en el abono de las nóminas”.  Pilar Sánchez destacó una cuestión clave en  la adopción de dicha decisión: “La reposición del dinero que por fuerza mayor se destinó a pagar sueldos, lo que así se hizo. Lo que se firmó se cumplió a pies juntillas”.

Preguntada por el fiscal anticorrupción, Manuel L. Arjona, la socialista señaló que “hubo consultas”, entre las que enumeró la realizada a la directora general del Ministerio (de Empleo). “Se lo dije y no me informó de que no se pudiera hacer. Le dije que había un plan de reposición. Lo comenté a todo el mundo. Ella misma (por la directora general) me dijo que iba a firmar la reposición del Ayuntamiento de La Línea” tras haber desviado presuntamente fondos a otros fines. Toda aquella conversación fue telefónica, nada quedó por escrito. Y es que una de las claves de este juicio radica en lo que hablado y en lo escrito, en lo que se dice que aconteció y lo que figura en los documentos. Pilar Sánchez llegó a decir que tenía la aprobación del interventor municipal. Sin embargo, éste en sede judicial ya declaró que advirtió por escrito de que dichos fondos no se podían destinar a otros fines. Emitió lo que se llama un informe de reparo. Después, cuando la ex alcaldesa decidía pagar nóminas con dicho dinero tanto el interventor como el tesorero firmaban las transferencias, al ser los claveros, algo que no puede entenderse como una contradicción pues su ‘labor’ a este respecto se podía considerar terminada cuando advierten de que puede estar cometiéndose una irregularidad. Todo ello está por escrito.

Para la mujer que dirigió los destinos de Jerez entre el 14 de enero de 2005 y el 11 de junio de 2011 hay un aspecto absolutamente claro en todo este caso: “Si hubiese tenido la más mínima duda de que incurriría en una causa penal jamás lo habría firmado”, dijo al respecto de un Plan E en cuya redacción “se señalaba el camino” en lo referente a lo que había que hacer si el dinero se destinaba a otro fin: “O reponerlo o devolverlo”.

Las decisiones adoptadas por Pilar Sánchez a este respecto no fueron asumidas por ella sola. Según dijo las adoptó junto a un “comité de crisis” (integrado por asesores fiscales, tenientes de alcalde...) que buscaba soluciones para pagar mensualmente los 6 millones de euros que cuesta la nómina municipal (la cual se eleva a 9 si se unen las empresas y órganos autónomos que dependen del Consistorio).

Un dato que no se puede pasar por alto es que el Plan E supuso la apertura por primera vez en la historia municipal de una cuenta restringida. Las cantidades —destinadas como ha quedado escrito a nóminas municipales y al pago de sueldos de las concesionarias Acasa y Limasa— “se fueron reponiendo hasta el último día”.

Para Pilar Sánchez, así lo dijo ante el tribunal, aquellos meses “en medio de la más dura crisis económica”, lo que había que hacer “era buscar el equilibrio de los pagos obligatorios con los ingresos previsibles”. Puso en duda el fiscal dicho equilibrio al señalar que a las primeras de cambio ya se había producido un desfase de más de cuatro millones de euros.

Preguntada por su abogado, Juan Manuel Montes, la ex alcaldesa dejó varios mensajes absolutamente claros. De un lado expresó su total confianza en los técnicos del área de Economía, de otro dijo que el manual del Plan E “dice que si se utiliza para otro fin dichos fondos estos deberán ser reintegrados. La nómina (insistió) era lo primero y había que pagarla. Fue una situación puntual, transitoria, en la que había que dar respuesta a un desequilibrio financiero”.

El letrado de Sánchez dejó igualmente claro al tribunal lo que se podría definir como el poder de cobro del Estado, ya que de una forma u otra el país se cobrará lo que se le adeuda y máxime en el caso de un Ayuntamiento que tiene en las arcas estatales una de sus principales vías de ingresos. A todo ello añadieron que a día de hoy la ex alcaldesa no ha recibido requerimiento de pago alguno por parte del ministerio.

En todo momento Pilar Sánchez sostuvo que las obras se quedaron entre el 70 y el 75% de su ejecución cuando ella dejó la Alcaldía y que estuvo pagando hasta los últimos días de su mandato.