La ex alcaldesa jerezana Pilar Sánchez ha sido imputada en la macrocausa judicial que investiga un posible fraude masivo en el desarrollo de cursos de formación realizados en distintos puntos de la comunidad autónoma  y que fueron subvencionados por la Junta. Los hechos que se le atribuyen a la ex regidora están vinculados a la empresa Mercajerez SA, una sociedad participada por el Ayuntamiento y de la que fue presidenta entre 2005 y 2011 por su condición de primera autoridad de la ciudad, que desarrolló entre 2010 y 2011 dos acciones formativas para desempleados. Ayer, acudió a declarar a la Comisaría Provincial junto a algunos responsables del mercado mayorista jerezano, entre ellos el director gerente, Ángel Salazar, que también han sido imputados.  

Estas citaciones forman parte de las pesquisas que está llevando a cabo la Unidad de Delincuencia, Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por este presunto fraude masivo. Ayer, se llevó a cabo una operación en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla -denominada Edu Costa y que es continuación de una anterior llamada Edu- que ha dado como resultado, hasta media tarde de ayer, la detención de 16 personas y la imputación de otras 90. 

Mercajerez fue beneficiaria en 2010 de una subvención de 142.695 euros por parte de la dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para el desarrollo de unos cursos de formación de carnicería y panadería.  Los requisitos para adjudicar la ayuda eran que se destinara a desempleados y se exigía que la labor formativa fuera complementada por un contrato laboral a media jornada para, al menos, un 60% de los participantes durante seis meses. Ayer, el gerente de Mercajerez afirmó que el curso se desarrolló sin contratiempo alguno y que se realizaron las contrataciones comprometidas; además, afirmó que se está tramitando la justificación que acredita el desarrollo de la acción formativa ante el organismo autonómico. 

Sin embargo, y en paralelo a este procedimiento administrativo, se inició una investigación judicial donde la Policía ha tomado declaración a alumnos de los cursos subvencionados así como a los monitores que lo impartieron. Y ayer le tocó el turno a algunos de los responsables de las empresas organizadoras de ahí que fuera citada la ex alcaldesa y algunos directivos de Mercajerez. 

En declaraciones a este periódico, Pilar Sánchez afirmó que desconocía que el mercado mayorista organizara cursos de formación puesto que la gestión estaba "delegada" en el gerente y que únicamente acudía a las instalaciones "una vez al año" para presidir los consejos de administración. 

Mercajerez- una sociedad participada en un 51% por el Ayuntamiento y en un 49% por la sociedad estatal Mercasa (que gestiona los mercados mayoristas públicos de toda España)- cuenta en sus instalaciones del polígono industrial de El Portal con unas naves de formación homologadas para impartir cursos. Ángel Salazar, que desde 1999 está al frente de la dirección del mercado mayorista, explicó que la mercantil fue beneficiaria de esta ayuda y que la acción formativa se desarrolló cumpliéndose las condiciones de contratación que exigía la convocatoria. Así los alumnos trabajaron en distintas empresas vinculadas directa o indirectamente con el merca jerezano y que todo el proceso fue supervisado tanto por un técnico de la Junta como por un "auditor homologado". 

La normativa establecía que, una vez culminada, la firma beneficiaria tenía que justificar que se habían cumplido con los requisitos de la ayuda, fundamentalmente con el compromiso de contratación. Sin embargo, Mercajerez, al igual que numerosas empresas en toda Andalucía, fueron exoneradas a principios de 2012 por la Junta de Andalucía de la obligación de cumplir con este trámite hasta finales 2013. La Junta justificó entonces esta decisión, que no se conoció públicamente hasta mediados del año pasado cuando se inició la investigación judicial por el presunto fraude masivo, en que había "circunstancias de especial interés social" que aconsejaban posponerlo debido a la situación de crisis económica.

Ángel Salazar explicó que fue a finales del año pasado cuando la Junta exigió que la firma se apresurara a justificar el cumplimiento de los objetivos de la subvención por lo que se procedió a recopilar toda la información. Sin embargo, siguiendo con lo apuntado ayer por Salazar, en diciembre se recibió una nueva notificación del organismo autonómico reclamando documentación complementaria y correcciones en algunos de los expedientes ya enviados. El gerente comentó que estaban en trámites de atender a esta solicitud cuando los responsables de la sociedad fueron requeridos a la Comisaría para declarar, momento en el que fueron notificados de la imputación. Ante esto apuntó: "Hemos hecho todo lo que nos dijo la Junta que había que hacer, cómo justificarlo, qué documentación presentar... Si hay algún error es administrativo porque no nos informaran bien pero en ningún caso nada delictivo", señaló.  

Por otro lado, está previsto que hoy continúen las declaraciones de imputados y testigos vinculados a las empresas que organizaron cursos de formación subvencionados por la Junta. Entre ellos estará un religioso de la comunidad de La Salle que en 2010 era responsable del colegio Mundo Nuevo de Jerez, un centro educativo que en algunas ocasiones alquiló sus aulas para que se desarrollaran acciones formativas.  El Obispado de Jerez emitió un comunicado al respecto asegurando que no tiene constancia "sobre la posible imputación de ningún sacerdote o religioso que desempeñe en la actualidad su labor en el territorio de esta Iglesia diocesana". Este ex responsable lasaliano desempeña su labor en la actualidad fuera de la ciudad.