Los Ruiz-Mateos usaban los pagarés para mantener su "alto nivel de vida"

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido que la familia Ruiz-Mateos utilizaba el dinero de Nueva Rumasa para aportar capital a sus sociedades patrimoniales y mantener así su "alto nivel de vida", según un auto de dictado el pasado miércoles.

El juez levantó parcialmente el secreto de sumario de las investigaciones abiertas a Nueva Rumasa, durante las que se ha detectado "numerosa documentación" sobre la presencia de las sociedades del grupo en Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile.

En concreto, el juez considera que la sociedad Bardajera actuaba como "gestora de la caja única oficial" de Nueva Rumasa y llegó a recibir 673 millones de euros del resto de sociedades del conglomerado empresarial, "gran parte de ellos procedentes de los inversionistas que adquirieron pagarés". Según el auto, los Ruiz-Mateos distribuyeron parte de ese dinero en inyecciones de liquidez a las empresas de Nueva Rumasa, en devolver los intereses de los pagarés que iban venciendo y en el pago de las hipotecas de las viviendas de los hijos varones del empresario jerezano. Además, de las cuentas de Bardajera se sacaron en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final.

El juez recuerda que de los documentos aportados por la propia familia Ruiz-Mateos se desprende que los pagarés fueron emitidos por 13 mercantiles del grupo, obteniendo así una inversión de 337,3 euros, realizada por 4.110 inversores. Sin embargo, incide en que esta información no coincide con la documentación obtenida en los registros de las viviendas de los Ruiz-Mateos.

El auto también señala que Nueva Rumasa captó 146,63 millones de euros en dinero en efectivo o "B" que no pasó por Hacienda, los primeros pagos a los inversores se abonaron de forma piramidal y en su venta (a Ángel de Cabo) se "podría haber firmado un acuerdo privado para repartirse los beneficios que se lograran de la liquidación del grupo".

El auto destaca que en los listados detectados figuran nombres en clave para identificar a los inversores, tanto en Jerez como en Madrid, lo que hace sospechar al juez que probablemente hubo ciertas cantidades entregadas en dinero en efectivo o en "B", y por lo tanto no fueron declaradas debidamente ante la Hacienda Pública.

Para el juez, los hechos nacen cuando "ante la situación de extrema falta de liquidez", provocada por una gestión de caja de las empresas por parte de la familia, los Ruiz-Mateos "idearon la emisión de pagarés", según recoge el auto. Pero el resultado "les sobrepasó, dada la enorme demanda que generaron y a sabiendas de la complicada situación en la que se encontraban sus sociedades y de las enormes dificultades que tendrían el día de mañana para poder responder a los intereses y el principal invertido".

En un principio, pudieron cumplir con sus obligaciones respecto a los intereses y la devolución del principal, "muy probablemente gracias a un efecto piramidal"; los nuevos inversores pagaban los intereses de los antiguos con sus aportaciones y cuando llegaba la fecha de recuperar el principal eran convencidos para reinvertir, según el auto.

El juez ha llamado a declarar en calidad de imputados, el próximo 1 de marzo, al abogado Manuel Sánchez Marín y a sus colaboradores Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, que fueron los que articularon la estructura societaria de Nueva Rumasa y que gestionaban la 'caja única'. El auto explica que las sociedades matrices de las empresas españolas se encontraban domiciliadas en Holanda. Sin embargo, las dueñas del capital social Nueva Rumasa estaban domiciliadas en Belice. Además, sitúa en Suiza "la famosa hucha" de los Ruiz-Mateos.

El mismo día declararán en calidad de testigos los gestores del conocido como el 'banquito' de Nueva Rumasa en Jerez, José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa y Pere Varias Font.

Por otra parte, las investigaciones concluyen que el nuevo dueño de Nueva Rumasa, el empresario valenciano experto en empresas en quiebra, Ángel de Cabo, "tiene en su poder" toda la documentación relacionada con las cuentas bancarias de Suiza a nombre de las matrices holandesas de Nueva Rumasa y de los concursos voluntarios de acreedores en los que se encuentran las sociedades del grupo". El auto hecho público ayer explica que entre "las estrategias seguidas por De Cabo para lograr el máximo beneficio" de su compra se encuentra "la elaboración de documentos predatados y su inclusión en procedimientos judiciales, prácticas de extorsión, coacción y/o amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes".