Arranca una nueva legislatura en Andalucía con una Consejería de Agricultura que incorpora las competencias de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Al frente del departamento se sitúa Luis Planas, un viejo conocido que esta semana se reunía por primera vez con las organizaciones agrarias.

En esta primera toma de contacto, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, trasladó al Consejero la necesidad de poner en valor al sector agrario, como un pilar estratégico para salir de la crisis, por su carácter generador de empleo y riqueza. Se trata de un motor económico fundamental para nuestra comunidad autónoma, cuya producción final agraria supera los 10.000 millones de euros y con una vocación exportadora que equilibra y da superávit a la balanza agroalimentaria andaluza (3.285 millones en 2011).

Miguel López explicó a Luis Planas que, en ese trabajo por la recuperación económica, el gran objetivo de nuestra comunidad autónoma debe ser incrementar el valor de la producción agraria andaluza, y esto pasa por mantener los niveles de modernización mejorando la aplicación de la investigación y la transferencia de tecnología. Es fundamental aprovechar las enormes potencialidades que ofrece el sector agrario, y en ese sentido ha concretado la necesidad de aprovechar los subproductos agrarios y promover las inversiones en energía renovable, todo ello con la finalidad de reducir la elevada factura energética de las explotaciones.

Asimismo, COAG ha planteado que es preciso recuperar el mercado interior promoviendo el consumo de la producción propia, ya que tenemos ocho millones de ciudadanos. Por razones económicas, sociales, medioambientales y de salud, es importante sensibilizar a la población y educar en las escuelas para fomentar el consumo de los productos andaluces, tanto en el ámbito institucional (hospitales, colegios, comedores, etc.) como en el particular. Igualmente, se ha planteado la necesidad de fortalecer el marco normativo en cuanto a la identificación del origen y la calidad de los productos, además de trabajar para potenciar esa calidad unificando los diferentes distintivos con que cuenta Andalucía (29 denominaciones de origen y 29 indicaciones geográficas protegidas).

Otras cuestiones relevantes que se han abordado en el encuentro, dentro de las competencias exclusivas de la Consejería, han sido el desarrollo del decreto de artesanía, el fomento de la concentración y ordenación de la oferta y la coordinación de los programas de desarrollo rural mediante la definición de objetivos generales.

Respecto a la reforma de la PAC, aunque las competencias para la negociación con Bruselas las tenga el Ministerio, COAG ha planteado la necesidad de que Andalucía tenga una voz propia y única en Madrid, para hacer valer la importancia de nuestro sector agrario y mantener unos niveles de apoyo público que se justifican por razones como la capacidad productiva, los niveles de inversión o la modernización, factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de hablar de la regionalización de las ayudas. A este respecto, COAG también ha recordado que es vital que se vinculen los apoyos públicos al mantenimiento real de la actividad productiva y que cada estado tenga posibilidad de adaptar el modelo a su realidad.

Por otra parte, el secretario general de esta organización ha recordado que la reforma debe incluir herramientas de regulación de los mercados, porque es en ellos donde el sector agrario se juega mayoritariamente su futuro. En este sentido, López ha destacado que para garantizar el mantenimiento del sector y la prosperidad para Andalucía la nueva PAC debe contar con mecanismos de regulación de los mercados que garanticen que los productos agrarios tengan precios justos en origen, para que dejen de estar sometidos a la especulación de la distribución.

Además, COAG ha planteado que el Consejero debe trabajar en Madrid para que se ponga en marcha una Ley reguladora de la cadena agroalimentaria, que dote de mayor transparencia y equilibre las relaciones comerciales entre los distintos eslabones que la componen. Esta organización agraria también reclama la reforma de la Ley de Contratos Tipo Agroalimentarios, para garantizar relaciones equitativas entre los productores y el resto de los agentes, y la Modificación de la Ley de Organizaciones Interprofesionales, para otorgar seguridad jurídica a los acuerdos sectoriales que puedan alcanzarse con el objetivo de mejorar la gestión de los mercados y dotar de estabilidad a los precios.