"Siempre he tenido buen rollo con la familia; no sé qué hago aquí"
Los dos acusados por el caso del obrero fallecido durante los trabajos en una bodega en el año 2002 niegan su culpabilidad por los hechos que se les imputan
Tras varias suspensiones, el juzgado de lo Penal número 1 pudo acoger ayer la primera sesión de la vista oral en la que se juzgaba a J.P.M. y F.L.R. consejero delegado y apoderado de la empresa J.P.M. y hermanos S.A., respectivamente, como presuntos autores de un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia y por los que Fiscalía pide penas de 2 años de prisión además de una indemnización de 240.000 euros.
Los hechos por los que estas personas se sentaban en el banquillo ocurrieron el 15 de marzo de 2002, cuando Manuel García Rendón, trabajador de la construcción, sufrió un accidente mientras realizaba unos trabajos de acondicionamiento en una bodega propiedad de la empresa citada anteriormente, cayendo desde una altura de cinco metros desde un andamio. A consecuencia de las lesiones, Manuel falleció dos meses más tarde.
La familia del fallecido acusa a los imputados y a la empresa como responsable civil de no haber facilitado a Manuel medidas de seguridad alguna y, además, de haber intentado hacer creer que Manuel no prestaba sus servicios mediante una relación laboral, sino que era un trabajador autónomo, confeccionando para ello un contrato de obras en el que, según diferentes informes de la policía, se habría falsificado su firma.
En primer lugar, la defensa de J.P.M. presentó un acta notarial en el que se hacía constar que en el momento de los hechos, su patrocinado ya se había desvinculado de la empresa J.P.M y hermanos S.A después de vender su paquete de acciones para dedicarse a otros negocios propios dedicados también al mundo bodeguero, si bien mantuvo sus poderes notariales como consejero hasta el año 2003. Así, por ese motivo, J.P.M. aseguró que desde el año 2000 se pasaba "muy poco" por la empresa, por lo que no supo aclarar varias cuestiones relacionadas con el accidente, como lo relativo a las medidas de seguridad. "Entiendo que los obreros llevarían casco y cinturones. Yo se los exigía antes de 2000 y después entiendo que también", señaló.
Sobre el fallecido, J.P.M. afirmó que lo conocía desde hacía años, ya que había realizado diversos trabajos para la empresa e incluso lo contrató para que realizara obras en un chalet de su propiedad en Atlanterra, si bien a lo largo de los años indicó que estos trabajos los había realizado bien como autónomo, bien en el régimen general, según le interesara. Además, destacó "el buen rollo que he tenido siempre con la familia" e indicó que "esto no sé a qué viene".
Por su parte, F.L.R. manifestó que, a pesar de sus poderes de apoderamiento, él no tenía decisión a la hora de contratar a nadie en la empresa, sino los directivos, señalando que el contrato de Manuel (el cual "siempre ha actuado en la bodega como autónomo") se limitó a mecanografiarlo.
Sobre el trabajo que realizó, afirmó que era "de pequeño calibre", puesto que otros previos al suyo, de más envergadura, los había realizado otra empresa. Para estos trabajos, indicó que Manuel les pidió que contrataran a un ayudante porque él "no tenía medios" para contratarlo por cuenta propia, y que de la supervisión de los trabajos se encargaba el fallecido. "Manuel tenía libertad para entrar o salir cuando quisiera", señaló.
Además, afirmó que llegó a acompañar al banco a David, uno de los hijos del fallecido, para pagarle tres cuotas atrasadas como autónomo que debía a la Seguridad Social.
En cuanto a la supuesta manipulación del contrato de trabajo y la falsificación de la firma, apuntó que ésta se hizo sobre una bota de vino, por lo que la defensa aludió que su superficie rugosa podría haber influido en que ésta pareciese falsa. No obstante, la declaración posterior del perito judicial ratificó que la firma era falsa.
Por su parte, David García, hijo de la víctima, insistió que tras el accidente "fui a Hacienda, a la Seguridad Social y al Ayuntamiento, y ahí no rezaba que mi padre estuviera dado de alta".
La segunda sesión del juicio, en la que declarará el inspector de trabajo, entre otros, se reanudará el próximo 25 de junio.
También te puede interesar