Urbanismo comprobará si las obras del parque eólico El Barroso se ajustan a la licencia municipal

La corporación jerezana ha aprobado por unanimidad en el pleno municipal una proposición por la que se insta a la Junta de Andalucía a que deniegue la declaración de utilidad pública al proyecto del parque eólico El Barroso, cuyas obras avanzan a ritmo vertiginoso en pleno viñedo histórico del Marco de Jerez.

Pero el principal logro de los afectados por el proyecto que promueve Capital Energy entre los pagos de Añina y Macharnudo es que, indirectamente, la alcaldesa Mamen Sánchez se ha comprometido a que los técnicos de Urbanismo comprueben sobre el terreno si la ejecución del parque se ajusta a la licencia municipal de obras. "No tenga ninguna duda de que vamos a decirle a los técnicos de Urbanismo que vayan a revisar el cumplimiento de la licencia de obras", aseguró la alcaldesa momentos antes de la votación de la proposición.

El presidente del Consejo Regulador del vino, César Saldaña, alertó sobre esta posible irregularidad en su intervención previa ante el pleno municipal, mensaje que debió calar en la regidora jerezana, cuyo equipo de gobierno eludió con antelación que el pleno tuviera que pronunciarse sobre la revisión de oficio de la licencia de obras como pretendía Adelante Jerez.

La coalición que conforman Podemos e Izquierda Unida tuvo que modificar su propuesta inicial para superar el corte de los temas que llegan a pleno por parte de la junta de gobierno local, a la que los grupos municipales acusan de "hurtar" el debate de los asuntos que interesan a los jerezanos.

En virtud de la proposición modificada, la Corporación local se limita a instar a la Junta a rechazar la declaración de utilidad pública del proyecto, un brindis al sol como la declaración de repulsa a la Guerra de Ucrania igualmente aprobada en la sesión plenaria de hoy -ni Putin va a dejar de bombardear Ucrania ni la Junta de Andalucía va a decidir qué hace con la utilidad del parque eólico porque se lo pida el Ayuntamiento de Jerez-.

Pero ante las advertencias de Adelante Jerez y del PP sobre la posibilidad de que la licencia de obras contravenga la normativa urbanística municipal y de que pueda incurrir en un delito de prevaricación, la alcaldesa accedió finalmente a que los técnicos municipales supervisen si las obras que se están ejecutando se corresponden con el proyecto autorizado por Urbanismo.

A río revuelto ganancia de pescadores. Sin necesidad de entrar al trapo, que para eso la junta de gobierno local filtra lo que puede y lo que no ir a pleno pese a las quejas de la oposición en bloque, el gobierno local asumió un compromiso para que conste en acta tras un debate vacuo, lleno de inexactitudes y en el que se puso de manifiesto el desconocimiento por parte de algunos concejales de la materia.

Otro debate estéril

Cada grupo municipal va a lo suyo y a lanzar pullas al contrario, algo impropio de quienes se presupone deben defender los intereses de la ciudadanía, pero que se ha convertido en el pan de cada día de plenos municipales tan insustanciales como maratonianos. Como ejemplo, basta señalar que el concejal de Ciudadanos, Jesús García, se empeñó en que se modificara la proposición para que, en lugar del rechazo a la utilidad pública por parte de la Junta, en la que no hay que olvidar que la formación naranja es socio de Gobierno, se le instara a pedir al Ayuntamiento la revisión de la licencia municipal -es como pedirle al vecino que te pinte la casa-. El propio teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, replicó a García su "espesura" tras aclararle las competencias de una y otra Administración

A Adelante Jerez le salva el fondo, la intención de llevar a pleno el debate sobre el parque eólico y la ubicación de las energías renovables, pero le fallaron las formas, en la exposición de motivos a cargo de la concejal Rocío Monedero.

La concejal de la coalición, Rocío Monedero, eso sí, acertó a deslizar que con toda probabilidad este asunto "irá a los tribunales y va a ser un problema para las arcas del Ayuntamiento", al que reprochó que "permita el movimiento de tierras cuando hay un cúmulo de irregularidades; debería haber parado esto, pues ni siquiera se está respetando el proyecto al que se ha dado licencia".

Antonio Saldaña, portavoz del PP, recriminó al delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, su "falta de respeto" por ausentarse durante la intervención del presidente del Consejo Regulador y se obstinó en recordar que el proyecto El Barroso tiene la marca PSOE desde sus inicios, cuando el Gobierno andaluz, ya en manos del PP, aprobó la declaración de impacto ambiental, que también cuestionan los afectados y entidades que se han personado en el proceso de declaración de utilidad públicas.

El responsable popular insistió en pedir al gobierno local que atienda la "posición unánime" del pleno" en favor de las eólicas pero no en suelo protegido", para lo que reclamó que haga uso de la revisión de oficio, "la herramienta que tiene en su poder para tumbar el proyecto si la actuación no se adecua a la normativa urbanística".

Saldaña considera claves las declaraciones de la alcaldesa en las que aseguró que el Ayuntamiento, en calidad de propietario de caminos públicos afectados por el parque, le ha trasladado a la Junta su desacuerdo con la declaración de utilidad pública del proyecto, información que Mamen Sánchez también se comprometió a facilitarle.

La concejal de Ganemos Jerez, Kika González, abogó sin éxito por pedir una moratoria en el desarrollo de los proyectos renovables en general hasta contar con una ordenación del territorio sobre las energías limpieas en Jerez y en toda Andalucía.

Y el gobierno local, a través de José Antonio Díaz, insistió en que la autorización ambiental de la Junta y la urbanisítica del Ayuntamiento al proyecto son conformes a ley, al tiempo que reiteró su apoyo "por activa y por pasiva" a los viticultores, que se traducirá en "la modificación del PGOU en la que estamos trabajando para prohibir expresamente las eólicas en zona de viñedo".

Frente a las críticas de la oposición por el cambio de criterio de Urbanismo, que en 2019 desestimó una alegación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco para ampliar la protección del viñedo al entender que la normativa urbanística municipal ya prohibía la instalación de parques eólicos y fotovltaicos en el viñedo de suelo no urbanizable de especial protección, tanto Díaz como la alcaldesa negaron que entre el primer informe de Urbanismo y la concesión de la licencia haya habido un cambio de criterio.

"Es cierto que en 2019 se dijo una cosa, pero la Junta aprobó con posterioridad una ley que obliga a especificar taxativamente lo que está prohibido", dijo Mamen Sánchez, a lo que el delegado de Urbanismo añadió: "El uso de los aerogeneradores no está taxativamente prohibido -los afectados sostienen que la normativa municipal prohíbe expresamente todo lo que tenga impacto en el paisaje, y los molinos de viento de 200 metros de altura es evidente que lo tienen- y por eso vamos a modificar el PGOU".