Vecinos de Vallesequillo II reclaman al Consistorio la propiedad de sus pisos

Una veintena de vecinos de Vallesequillo II, que se han constituido en plataforma de afectados, reclaman desde hace varios meses la propiedad de sus viviendas al Ayuntamiento, que según denunciaron ayer, les exige para formalizar las escrituras el pago de unas cantidades que oscilan entre 9.500 y 12.000 euros dependiendo del tamaño de los pisos. Este grupo de afectados, acompañados por su abogado, Raúl Píriz, y respaldados por el concejal socialista Luis Flor, anunciaron la interposición de una demanda de prevaricación contra el Consistorio si en un breve plazo de tiempo no se llega a una solución. "Vamos a intentar que los jueces de esta ciudad, en la línea con otros jueces pongan cada cosa en su sitio, porque se están tomando decisiones injustas a sabiendas", recriminó Píriz.

Para entender el origen de este conflicto hay que remontarse a julio de 1993, cuando la Empresa Municipal de la Vivienda, entonces Gemuvisa, ideó una fórmula para que los vecinos de esta barriada pudieran conservar las viviendas que habían adquirido, pero a cuyas hipotecas no podían hacer frente. De esta solución, se beneficiaron 182 vecinos de la barriada. Según explicó Píriz, se buscó una alternativa de carácter social para estos vecinos, firmando con ellos un "pretendido" contrato de arrendamiento para que durante 20 años tuviesen la posesión de la vivienda. En ese contrato se incluía una cláusula, que, según el abogado, "desvirtúa" el contrato de arrendamiento "y lo convierte en lo que realmente es: un contrato de compraventa de un bien inmueble a precio aplazado". En dicha cláusula se dice que al cabo de 20 años, los vecinos que hubiesen cumplido con todas las obligaciones que recogía el contrato de arrendamiento obtendrían de nuevo la propiedad de las viviendas. Los vecinos cuentan incluso con una carta que entonces les remitió en los mismos términos el delegado municipal de Política Territorial.

Los 20 años se cumplieron en julio de 2013, aunque el Ayuntamiento, según comentó la portavoz de la plataforma, Soledad Barroso, les siguió cobrando "indebidamente" hasta noviembre las cuotas mensuales, que oscilaban entre 150 y casi 300 euros dependiendo de las características de los pisos. En diciembre de ese mismo año les remitió un escrito en el que les reclamaba determinadas cantidades para acceder a la propiedad, mediante un único pago o a plazos o bien les ofrecía la posibilidad de renunciar a la propiedad y seguir pagando un alquiler. "Son unas condiciones con las que ni muchísimo menos estamos de acuerdo, unas condiciones que en ningún momento aparecen en los contratos que firmamos hace 20 años".

Un grupo de afectados creó en diciembre de 2013 la plataforma y ayer denunció que en estos meses no han recibido ninguna respuesta a las peticiones que han hecho para mantener una reunión con el Ayuntamiento y resolver este conflicto. "Exigimos que nos den las escrituras de nuestras viviendas, porque ahora mismo estamos en un vacío. Queremos llegar a una solución negociada pero no nos atienden", declaró Barroso.

El abogado de la plataforma aclaró que "estamos hablando de unas personas que fueron propietarios, que durante 20 años de forma fiduciaria han tenido un contrato de arrendamiento para hacer frente a la nueva hipoteca que contrató la empresa municipal y que ahora deben recuperar su propiedad porque han sido siempre los tenedores de la propiedad del inmueble". Píriz criticó que las cantidades que se quieren cobrar a los vecinos corresponden por un lado a los gastos notariales, "que debe pagar el vendedor" y al impuesto de plusvalía, - "una ilegalidad", manifestó el abogado, "porque este impuesto siempre corre a cargo del que vende, que es la Empresa Municipal de la Vivienda y quien cobra el impuesto es el Ayuntamiento". Pero además otra parte del importe reclamado hace referencia al impuesto de transmisiones patrimoniales, que en todo caso -recordó Píriz- corresponde cobrar a la Junta. Aún así, el abogado manifestó que según la ley, cuando se trata de una compraventa de bien inmueble con pago aplazado "este impuesto se tiene que pagar en el primer año, por lo que ya está prescrito". En opinión del abogado, los vecinos sólo tendrían que hacer frente a los gastos de copia de escritura si la requieren y a los gastos del registro, "entre 150 y 250 euros".

Píriz consideró "muy grave" que a los vecinos se les esté conculcando su derecho a la propiedad, "el derecho de disponer de aquello que es suyo a una persona que vive allí, y no se le discute que siga viviendo, pero no puede hacer nada con lo que es suyo". Insistió en que llevan diez meses con un uso limitado de su propiedad. "Incluso algún vecino puede fallecer y se abriría un conflicto claro con la herencia, no pueden arrendar, ni darlo en garantía si necesitan un préstamo o para hacer frente a cualquier deuda o aval".

La presidenta de la asociación de vecinos de Vallesequillo II, Carmen Vázquez, mostró su sorpresa ante esta denuncia de un grupo de afectados, ya que aseguró que la asociación lleva ya meses trabajando con el Ayuntamiento para encontrar una solución y que las negociaciones han requerido un gran esfuerzo, debido a que "los contratos de hace 20 años no se hicieron adecuadamente". De hecho, indicó que ya se ha llegado a acuerdos con unos nueve vecinos y que en estos momentos el Ayuntamiento no reclama ninguna cantidad. Sí admitió que hay que hacer frente a un impuesto de la Junta, que desde la asociación también se está intentando resolver ya que hay propietarios que no pueden hacer frente al mismo.

Vázquez lamentó, por otro lado, que el grupo municipal socialista, que ha servido de altavoz a la plataforma, no se haya puesto en contacto con la asociación vecinal para interesarse por el transcurso de las negociaciones con el Consistorio.

Desde el Ayuntamiento también mantuvieron que se está negociando con los vecinos y que el acuerdo con ellos está a falta de algunos flecos.